La administración del presidente Donald Trump ha dado un nuevo paso en su estrategia para combatir la inmigración ilegal. Este viernes por la mañana, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, anunció a través de la red social X que los vuelos de deportación de indocumentados ya han comenzado.
“El presidente Trump está enviando un mensaje fuerte y claro a todo el mundo: si entras ilegalmente en Estados Unidos de América, te enfrentarás a graves consecuencias”, señaló Leavitt en su publicación, acompañada de imágenes que muestran a migrantes alineados y esposados abordando un avión militar.
Primer vuelo de deportación
El jueves por la tarde, un avión militar despegó del aeródromo de Biggs, en El Paso, Texas, con destino a Guatemala. Según fuentes familiarizadas con la operación, el vuelo transportaba entre 75 y 80 migrantes bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.
La aeronave, con capacidad para 81 personas, fue utilizada específicamente para repatriar a quienes habían cruzado la frontera recientemente.
El uso de aviones militares en vuelos de deportación marca un enfoque distintivo en las políticas de Trump, evidenciando la prioridad de su administración en endurecer las medidas migratorias.
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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) también informó que efectivos militares comenzaron a instalar alambrados alrededor del puerto de entrada de Ysleta, en El Paso, como parte del refuerzo de seguridad en la frontera.
Nuevas medidas ejecutivas
Desde su regreso al poder, Trump ha cumplido sus promesas de implementar políticas más estrictas contra la inmigración.
El lunes firmó una serie de decretos que amplían las acciones de las agencias federales, como Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Estas incluyen:
– Ampliar el grupo de migrantes sujetos a deportación acelerada sin necesidad de una audiencia judicial.
– Eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, una medida que ya enfrenta desafíos legales por parte de estados y ciudades liderados por demócratas.
– Permitir arrestos en áreas sensibles, como escuelas e iglesias.
Además, miles de soldados han sido desplegados hacia la frontera y se han suspendido vuelos de refugiados entrantes, marcando una ofensiva sin precedentes contra la inmigración.
Reacciones y desafíos legales
Las nuevas políticas de Trump han generado críticas por parte de expertos constitucionales y organizaciones pro derechos humanos.
La eliminación de la ciudadanía por nacimiento, en particular, ha sido catalogada como un ataque directo contra los principios establecidos en la Constitución de Estados Unidos.
Demócratas y activistas han iniciado impugnaciones en los tribunales para bloquear las medidas más controversiales.
Mientras tanto, detrás de escena, el Departamento de Justicia ha intensificado su ofensiva al reorganizar los tribunales de inmigración y amenazar con procesar a funcionarios locales que se opongan a las políticas federales.
Con estas acciones, Trump busca consolidar su promesa de campaña de tomar una postura más firme contra la inmigración ilegal y revertir las políticas migratorias de la administración Biden, que considera demasiado permisivas.
Sin embargo, las implicaciones humanitarias y legales de estas medidas prometen mantener encendida la polémica tanto dentro como fuera de Estados Unidos.