En la noche del jueves 1 de junio, una pareja sufrió una violenta agresión mientras circulaba a bordo de su vehículo por la calzada de Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México.
El incidente involucró a otro automóvil, un Beat gris, ocupado por dos individuos, un hombre al volante y una mujer en el asiento del copiloto.
Según relatos de las víctimas, el conductor del automóvil gris intentó cortarles el paso de manera agresiva y, al no lograrlo, los rebasó y comenzó a frenar bruscamente, aparentemente con la intención de provocar una colisión.
El agresor siguió a la pareja hasta que finalmente los impactó.
Acto seguido, bajó del vehículo y comenzó a golpear su auto con un palo, mientras su acompañante los agredía verbalmente.
Ante la situación, la pareja llamó al número de emergencias 911 para solicitar ayuda.
Mientras esperaban la llegada de las autoridades, el agresor tomó fotografías del auto y ambos se dieron a la fuga. Finalmente, se detuvieron en la calle Colegio de Minería número 46, en la colonia Coapa.
A pesar de la espera, las patrullas policiales no llegaron de inmediato. Durante ese tiempo, el agresor continuó intentando agredir físicamente a las víctimas, y otro individuo se unió a la escena, rodeando el automóvil y amenazando con un palo.
La policía intimido a las victimas
Cuando finalmente llegaron las patrullas, el oficial René Rodríguez y otros agentes intimidaron a la pareja y les exigieron que salieran del auto para “arreglar” el asunto con los agresores.
De lo contrario, amenazaron con detener a los cuatro involucrados. Además, ambas patrullas saludaron amistosamente a un familiar del agresor al llegar al lugar.
Las aseguradoras Qualitas y Axxa acudieron al sitio, pero no se llegó a ningún acuerdo. Un individuo de apariencia robusta, pelo canoso y piel clara se presentó como mediador del Ministerio, intentando negociar y preguntando cuánto dinero se requería para evitar un proceso legal.
Mientras tanto, los policías insistieron a los familiares y aseguradoras de las víctimas que se dirigieran a la Ministerio Público en Tláhuac.
A pesar de la solicitud de las víctimas de proceder legalmente y denunciar las agresiones y amenazas, los policías se negaron a seguir ese camino y los condujeron en caravana al juzgado cívico TLP-4.
Los policías estaban del lado del agresor
Durante todo el proceso, los oficiales de policía afirmaron que la pareja era la agresora y se negaron a ver los videos de los incidentes, evidenciando una protección al agresor.
En el juzgado cívico, los oficiales de policía insistieron en la culpabilidad de la pareja, negándoles la posibilidad de hablar y presentar pruebas que contradecían sus acusaciones falsas. Además, se les informó que sus vehículos serían llevados al corralón.
El abogado de las víctimas les aconsejó ingresar al juzgado para reportar la situación, pero el oficial Iván Marín Valle les impidió la entrada y continuó siguiéndolos para evitar que hablaran. Dentro del juzgado, se les indicó que el Ministerio Público tomaría el caso.
De manera abrupta, los oficiales policiales llevaron a la pareja y al agresor al Ministerio Público en Jojutla y Matamoros, en Tlalpan. Sin proporcionar detalles sobre los cargos o los derechos de los detenidos, se les detuvo y se les negó el acceso a comunicarse con abogados o familiares.
Al día siguiente, cuando se les permitió ingresar alimentos, se les negó el acceso a hablar con sus abogados.
Los asesores legales de las aseguradoras Axa México y Qualitas México acordaron otorgar el perdón a los agresores, pero no brindaron asesoramiento adecuado a la pareja sobre los procesos legales involucrados.
Durante todo el proceso, se alegó que el agresor acusó falsamente a la pareja de amenazar con un arma de fuego.
Ambos vehículos fueron liberados
Finalmente, tras la intervención del asesor legal de Axa México y la presión ejercida sobre el Ministerio Público, ambos vehículos fueron liberados.
Sin embargo, queda en evidencia una presunta complicidad policial y un trato injusto hacia las víctimas, quienes asumirán los daños ocasionados por el agresor.
Este incidente pone en entredicho la actuación de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como la falta de verificación de antecedentes penales por parte de Uber México al contratar a sus conductores.
Se espera que las autoridades investiguen a fondo estos hechos y tomen medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la integridad de los procesos legales.
