Un juez de Bolivia ha emitido una nueva orden de aprehensión de Evo Morales, luego de que este no se presentara por segunda vez a la audiencia en la que debía resolverse un pedido de prisión preventiva relacionado con el caso de trata de una menor durante su mandato
Juez ordena aprehensión de Evo Morales
Durante la diligencia, el juez que dirige la causa, Rocabado, también declaró en rebeldía al exlíder cocalero, lo que implica la suspensión del juicio hasta que se presente ante las autoridades.
Sandra Gutiérrez, fiscal del caso, explicó que al ser declarado rebelde, “el juicio se va a suspender hasta que él aparezca”.
Esta decisión se produjo después de que Morales, quien ha argumentado problemas de salud para justificar su ausencia, no presentara evidencia suficiente para exonerar su inasistencia.
A pesar de que su defensa presentó certificados médicos alegando bronconeumonía y bradicardia, el juez desestimó estos informes y consideró que no eran impedimentos jurídicos válidos para su falta.
En el marco de la audiencia, el juez también congeló los bienes de Morales y le prohibió salir de Bolivia. La audiencia original debía realizarse el martes, pero el expresidente no acudió y sus abogados alegaron problemas de salud.
El caso involucra acusaciones sobre una presunta relación entre Morales y una menor de 15 años en 2015, cuando aún era presidente.
Según el Ministerio Público, los padres de la menor habrían consentido la relación a cambio de favores políticos, lo que resultó en el nacimiento de una hija.
La Fiscalía investiga los hechos bajo cargos de trata de personas, un delito que podría acarrear una pena de entre 10 y 15 años de prisión en caso de condena.
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A pesar de que la orden de aprehensión está vigente, la policía no ha ejecutado la detención, ya que Morales se encuentra actualmente en el Trópico de Cochabamba, protegido por sus partidarios, quienes aseguran que han montado “anillos de seguridad” para evitar su captura.
Vicente Choque, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, indicó que más de 2,000 personas se encargan de la seguridad del exmandatario.
Morales, de 65 años, ha calificado el proceso en su contra como una “brutal guerra jurídica” impulsada por el gobierno de Luis Arce, su exministro y exaliado político.
La controversia continúa alimentando el debate político en el país, mientras la justicia boliviana sigue su curso en este delicado caso.