Un juez federal ha bloqueado temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento, una medida que afectaría a miles de personas nacidas en Estados Unidos de padres no ciudadanos.
La decisión fue tomada el jueves por el juez John C. Coughenour, quien respondió a una demanda presentada por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregon, que alegaron que la 14ª Enmienda de la Constitución.
Así como la jurisprudencia de la Corte Suprema aseguran el derecho a la ciudadanía para todas las personas nacidas en territorio estadounidense.
Juez Federal bloquea temporalmente la orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento
La orden ejecutiva, firmada por Trump el día de su toma de posesión en 2017, había sido programada para entrar en vigor el 19 de febrero de 2025.
Podría afectar a cientos de miles de niños nacidos en el país, incluidos aquellos cuyas madres se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal.
Según las demandas presentadas, en 2022 aproximadamente 255,000 niños nacieron de madres en situación irregular, lo que resalta el alcance de la medida.
La ciudadanía por nacimiento, también conocida como el principio de jus soli o “derecho del suelo”, ha sido una característica fundamental de la legislación estadounidense durante más de un siglo.
Estados Unidos se encuentra entre unos 30 países que aplican este principio, en su mayoría en las Américas, y Canadá y México son algunos de los ejemplos más prominentes.
La 14ª Enmienda, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción del mismo, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.
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Las demandas presentadas por diversos estados y organizaciones de derechos civiles argumentan que esta enmienda garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país.
Independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Trump, en su orden ejecutiva, sostenía que los hijos de no ciudadanos no estarían sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos.
Además, ordenaba a las agencias federales que no reconocieran la ciudadanía de niños nacidos de padres sin estatus legal.
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Esta medida se enfrenta a una fuerte oposición, especialmente de fiscales generales como William Tong de Connecticut.
Quien expresó que la demanda era de carácter personal para él, ya que es ciudadano estadounidense por derecho de nacimiento.
Uno de los casos incluidos en las demandas es el de “Carmen”, una mujer embarazada que, aunque no es ciudadana, ha vivido en Estados Unidos durante más de 15 años y está en proceso de solicitud de visa.
La demanda argumenta que despojar a los niños de la ciudadanía es una “grave lesión”.
Que los priva de su plena membresía en la sociedad estadounidense a la que tienen derecho.
Esta decisión judicial marca una victoria temporal para los opositores a la orden de Trump.
Mientras el litigio continúa y se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos pueda tomar el caso en el futuro.
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