En el centro de la polémica se encuentra Diego Jiménez Labora, organizador del festival Axe, cuya cercanía con Andy López Beltrán y otros funcionarios del gobierno federal siembra dudas sobre la posibilidad de una investigación imparcial y justicia para las víctimas.
El 5 de abril, mientras miles de asistentes disfrutaban del festival Axe en el Parque Bicentenario, una estructura metálica cayó abruptamente sobre dos personas.
Se trataba de Miguel Ángel Rojas, de 30 años, y Berenice Giles Rivera, de 28, ambos fotógrafos que cubrían el evento. Aunque fueron trasladados de inmediato a un hospital, fallecieron horas más tarde.
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Las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo revelaron que los organizadores habían instalado grúas no autorizadas, violando el permiso original del festival.
Condiciones laborales inhumanas en el Festival Axe
Paralelamente, trabajadores y colaboradores del Axe Ceremonia han denunciado jornadas laborales extenuantes, falta de coordinación interna, alimentación en mal estado y pagos no realizados.
Estos abusos no son nuevos: desde ediciones anteriores se han reportado malas prácticas, muchas veces cometidas por empresas subcontratadas como LOBO y Código de Barras, pero también por el equipo principal del festival.
El poder detrás del organizador
La figura de Diego Jiménez Labora ha cobrado relevancia no solo por su rol como organizador, sino por sus relaciones personales y políticas.
Su cercanía con Andy López Beltrán, hijo del expresidente, y con Claudia Curiel de Icaza, actual secretaria de Cultura, despierta sospechas sobre la posibilidad de que el caso se archive sin consecuencias.
Cabe destacar que en 2022, Jiménez Labora colaboró con Curiel en la organización de conciertos masivos en el Zócalo capitalino, financiados con recursos públicos.
Un comunicado que evade responsabilidades
Tras la tragedia, el festival emitió un comunicado en redes sociales donde lamentó lo ocurrido y prometió colaborar con las autoridades.
Sin embargo, no hubo mención de responsabilidades ni de compensaciones para las víctimas. Tampoco han respondido a las denuncias laborales que, año tras año, empañan la imagen de un evento que presume de ser inclusivo y progresista.