La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su exministro de defensa Yoav Gallant y funcionarios de Hamás, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
La decisión está relacionada con los ataques en Gaza y la ofensiva israelí desencadenada tras los eventos de octubre de 2023.
Corte Penal Internacional ordena detención funcionarios de Hamás
En su fallo, el panel de tres jueces determinó que existen motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant privaron intencionalmente a la población civil de Gaza de recursos esenciales como alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad.
Esta decisión convierte a los acusados en sospechosos buscados internacionalmente, complicando aún más los esfuerzos por negociar un alto al fuego que ponga fin al conflicto, que ya ha durado 13 meses.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP
Reacciones y desafíos legales
El gobierno israelí reaccionó con indignación a la decisión de la CPI. Netanyahu y otros líderes calificaron las órdenes como “vergonzosas” y “antisemitas”.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, defendió al país, afirmando en un comunicado que Israel sigue comprometido con el Estado de derecho y cuestionó la imparcialidad del fiscal de la CPI, Karim Khan.
Además, el Ministerio presentó informes legales argumentando que la corte no respetó el derecho de Israel a investigar las acusaciones internamente.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también criticó la decisión del tribunal, respaldando el derecho de Israel a defenderse contra Hamás, mientras que el grupo militante palestino rechazó igualmente la jurisdicción de la CPI.
Limitaciones en la implementación
A pesar del impacto político, las implicaciones prácticas de las órdenes de arresto podrían ser limitadas. Ni Israel ni Estados Unidos, principales actores en el conflicto, son miembros de la CPI, lo que dificulta la ejecución de las detenciones.
Además, varios líderes de Hamás señalados en el fallo han muerto durante el conflicto en Gaza.
El caso marca un nuevo capítulo en la controversia internacional sobre las acciones de Israel y Hamás en Gaza, poniendo de relieve las dificultades para abordar las acusaciones de crímenes de guerra en medio de una prolongada crisis humanitaria y política en la región.