El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rechazó públicamente repatriar a Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño deportado pese a una orden judicial que lo protegía.

Durante su reciente visita a la Casa Blanca, Nayib Bukele dejó claro que su gobierno no permitirá el retorno de Kilmar Ábrego a Estados Unidos, un migrante salvadoreño deportado por error.

“No tengo el poder de devolverlo”, dijo tajante frente a la prensa, junto al expresidente Donald Trump.

Además, negó la posibilidad de liberarlo:

“No somos muy partidarios de soltar terroristas en nuestro país”.

Nayib Bukele.

Lo dicho por Bukele contradice el expediente judicial de Ábrego: nunca ha sido condenado por ningún crimen, ni en EE.UU. ni en El Salvador.

Sin embargo, desde su deportación, permanece encerrado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad que ha sido denunciada por abusos y hacinamiento.

¿Quién es el migrante deportado?

Kilmar Ábrego llegó a Estados Unidos en 2011 huyendo de amenazas de pandillas salvadoreñas.

Se instaló en Maryland con un hermano ciudadano estadounidense y trabajó por años en la industria metalúrgica.

Su vida cambió en 2019, cuando fue detenido al buscar empleo en una tienda de bricolaje. Las autoridades migratorias lo acusaron de pertenecer a la MS-13, algo que siempre negó.

Ese mismo año, un juez suspendió su deportación ante el riesgo de violencia si regresaba a El Salvador.

Ábrego continuó con su vida, cumpliendo con todas las citas migratorias hasta que, en marzo de este año, fue arrestado sin previo aviso, luego de recoger a su hijo en casa de su abuela.

Pocos días después fue deportado a El Salvador, a pesar de la protección judicial.

Una decisión judicial ignorada y una cárcel temida

El caso desató una tormenta legal. Una juez federal ordenó su retorno a Estados Unidos, alegando que la única acusación en su contra era “no probada”.

El gobierno de Trump recurrió la decisión, argumentando que interfería con la política exterior del país.

Pero la Corte Suprema mantuvo la orden de retorno, dejando la responsabilidad en manos de El Salvador. La respuesta de Bukele fue tajante: no regresará y tampoco será liberado.

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