La fiscalía presentó su acusación penal contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y pide una condena de 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
El exmandatario se encuentra recluido desde ese día en cumplimiento de una orden de prisión preventiva de 18 meses y pesa sobre él otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.
La defensa de Castillo ha intentado en múltiples ocasiones dejar sin efecto esta medida. El último fracaso data de diciembre del año pasado, cuando el juez supremo Checkley rechazó el pedido del exmandatario de revisión de oficio.
En la acusación, la fiscalía pide también 25 años de prisión para la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez (quien se encuentra bajo prisión preventiva).
Así como para los extitulares del Interior Willy Huerta, y Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, actual congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú.
Piden 34 años de prisión para Pedro Castillo
“El Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022”, publicó la Fiscalía en su cuenta en la red social X
En tanto, para Aníbal Torres, entonces asesor de la PCM y ex primer ministro, el Ministerio Público solicita una condena de 15 años de prisión.
A todos ellos se les acusa por rebelión.
De acuerdo con la fiscalía, fueron parte del plan para cerrar el Congreso ilegalmente e intervenir las entidades de justicia para instalar un gobierno de excepción, haciendo un llamado para ello a la Policía y las Fuerzas Armadas aprovechando que el presidente era su jefe supremo.
El Ministerio Público además acusa a tres policías que supuestamente habrían seguido las órdenes para el golpe de Estado: el general PNP Manuel Lozada Morales, al comandante PNP Justo Jesús Venero Mellado y al teniente PNP Eder Antonio Infanzón Chávez.
Para ellos también se pide 25 años de prisión.