El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha comenzado a recibir impugnaciones de personas excluidas del proceso de selección para candidatos a jueces, magistrados y ministros que participarán en el primer proceso electoral extraordinario de junio de 2025.
Hasta el momento, se han registrado tres recursos que han sido turnados a la presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fragoso, y a los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña.
El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) será responsable de elaborar proyectos para determinar si las exclusiones están o no fundamentadas.
Los casos presentados
Entre los inconformes destaca Luis Eurípides Flores Pacheco, exrepresentante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), quien aspira a un cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Su impugnación fue asignada al magistrado Felipe Fuentes Barrera. Flores Pacheco argumentó que su exclusión podría traducirse en un acto arbitrario y desproporcionado, afectando la selección de los perfiles más idóneos.
Otra impugnación fue presentada por Esmeralda del Carmen Gutiérrez Barranco, aspirante a magistrada del Tribunal Colegiado de Apelación del 28 Circuito en Tlaxcala.
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En su recurso, dirigido a la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fragoso, alegó que su exclusión constituye discriminación y violencia de género, vulnerando su derecho a la igualdad.
Por su parte, Octavio García Fuentes, aspirante a juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, también impugnó su exclusión del proceso. Su caso fue turnado al magistrado Felipe de la Mata Pizaña.
Proceso de selección y aspirantes admitidos
El pasado 15 de diciembre, el Comité de Evaluación publicó la lista de aspirantes que avanzaron a la segunda etapa. De las 3,814 personas inscritas, solo 1,048 cumplieron con los requisitos establecidos, lo que significa que tres cuartas partes fueron eliminadas del proceso.
Los aspirantes seleccionados ahora serán evaluados para determinar si cumplen con los criterios técnicos y éticos necesarios para desempeñar los cargos.
Este proceso busca garantizar que los participantes en las elecciones extraordinarias de 2025 cuenten con los mejores perfiles en la impartición de justicia, aunque las impugnaciones ponen de manifiesto tensiones sobre la transparencia y la equidad en las decisiones del Comité Evaluador.