El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó por unanimidad la inscripción de Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, en el “Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género”.
La decisión se basó en una denuncia presentada contra la mandataria por actos de violencia cometidos contra diputadas del PRI durante manifestaciones ocurridas en julio de 2022.
La Sala Especializada del TEPJF determinó que Sansores incurrió en violencia verbal, psicológica, digital, simbólica y sexual contra las legisladoras priistas.
Como medida cautelar, el tribunal ordenó a la gobernadora ofrecer disculpas públicas a través de sus redes sociales a las diputadas afectadas. Además, se estableció la obligación de los infractores de asistir a un curso sobre la promoción y protección de los derechos de las mujeres.
La sentencia involucra a 26 personas
La sentencia también involucra a 26 personas entre los que se encuentran comunicadores, columnistas, medios de comunicación e influénciese, quienes fueron requeridos para retirar las publicaciones relacionadas con el caso.
La magistrada Gabriela Villafuerte hizo hincapié en que, si el objetivo de Sansores y los medios era criticar al dirigente del PRI, existían mejores formas de hacerlo sin recurrir a un discurso que pareciera proteger a otras mujeres.
Cabe mencionar que Layda Sansores San Román aún tiene la opción de impugnar la decisión del Tribunal Electoral.
Sin embargo, en caso de no ejercer este derecho, la sentencia tendrá efecto y, una vez concluido su mandato, la gobernadora no podrá postularse para cargos de elección popular durante un período determinado.
El caso se originó a raíz de la emisión del programa “El Martes del Jaguar” el 5 de julio de 2022, donde la gobernadora presentó un audio que supuestamente involucraba al dirigente nacional del PRI en conversaciones inapropiadas.
Posteriormente, Sansores afirmó tener acceso a fotografías íntimas y personales que diputadas federales del PRI habrían enviado al líder del partido.
Las diputadas presentaron denuncias por calumnia y violencia de género, y se presentaron quejas ante la Fiscalía General de la República y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
