El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna consideró válida la prueba de la Fiscalía General de la República (FGR) y ordenó que se juzgue al exfiscal Jesús Murillo Caram por los delitos de tortura y desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Durante la audiencia en la que el Ministerio Público Federal imputó al que fuera titular de la PGR de diciembre de 2012 a febrero de 2015, y a quien correspondió la primera etapa de las investigaciones encaminadas a establecer el paradero de los 43 normalistas

Normalistas que fueron víctimas de policías municipales de Iguala, Huitzuco y Cocula, en combinación con integrantes del Cártel Guerreros Unidos, la noche del 27 de septiembre de 2014.

la FGR acusó a Murillo Karam, “de formar parte de una empresa criminal” que cometió “delitos de lesa humanidad” y “cimentó la verdad histórica en tortura y desaparición forzada”.

Fue así que a FGR acusó a Murillo Karam, de formar parte de una empresa criminal que cometió delitos de lesa humanidad y cimentó la verdad histórica en tortura y desaparición forzada.

Además, durante una audiencia que se desahogó durante más de once horas en el Centro de Justicia de Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, y en la que el juez Delgadillo Padierna, determinó iniciar proceso penal por lo delitos de tortura y desaparición forzada, pero no por coalición de servidores públicos.

El magistrado desestimó una acusación de la defensa de Murillo Karam de que aseguró que el Ministerio Público Federal no presentó prueba alguna de que el exfuncionario hubiera alegado torturas o violaciones mientras investigaba el caso Ayotzinapa.

Felipe N fue víctima de tortura

Sin embargo, el juez consideró válidas las pruebas presentadas, según los argumentos del representante de la FGR, durante una conferencia de prensa ofrecida por Murillo Karam el 27 de enero de 2015, que debió haber dado a Tomás Zerón y otros “instrucciones secretas” de que debían seguir la línea para crear y sustentar la llamada verdad histórica.

En sus alegatos, los representantes de la FGR señalaron que Felipe “N”, uno de los 43 partícipes de la desaparición de los normalistas, fue víctima de un “acto de tortura” y que en Murillo Karam durante su gestión, en el caso Ayotzinapa, hubo eran violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos que debían considerarse crímenes de lesa humanidad.

De igual forma, la Fiscalía se refirió y aceptó como prueba válida: militares, miembros del Centro Nacional de Investigación y Seguridad (Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia), Tomásn Zerón, entonces jefe de personal de la Policía Criminal, involucrados en detención ilegal y actos de lesa humanidad.

Asimismo, en la audiencia se reveló que las autoridades federales utilizaron el malware Pegasus para espiar a Felipe “N” y 14 de sus familiares y rastrearon y detuvieron mediante geolocalización a un presunto integrante de Guerreros Unidos, absuelto.

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