La muerte de Andrés Pachuqueño Ortiz en 1997 desató el escándalo y una serie de acusaciones sobre manipulación, presunto fraude y una lucha encarnizada por la herencia de la víctima. Según los testimonios de la familia de la víctima, la tragedia comenzó cuando Andrés estaba en proceso de divorcio con su esposa, Taide Parral Roldán. La mujer, a decir de la familia, aparentemente preocupada por perder una considerable herencia en caso de divorciarse de su entonces marido, la señala de haber orquestado su asesinato.
El 19 de abril de 1997, Pañuqueño murió a manos de un hombre al que la familia señala, de nombre Emilio Márquez. A decir de ellos y siguiendo órdenes de Taide, llegó a visitar a Andrés mientras éste estaba cerca de su casa, en una esquina, bajo un árbol.
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Aparentemente, el presunto homicida había mostrado el machete a testigos momentos antes del ataque que dejó a Andrés gravemente herido. Éste logró sobrevivir varios días en el hospital, pero el daño recibido fue irreversible y falleció el 23 de abril de ese año.
El escándalo por la muerte de Pachuqueño podría alcanzar a su cuñado
A lo largo de los años, surgieron sospechas sobre la implicación de otros familiares en el crimen. La familia señala a Lauro Franco, cuñado de la víctima, de presuntamente aprovechar la situación para robar documentos importantes. Estos presuntamen te incluyen títulos de propiedad y derechos relacionados con la herencia de Andrés. Se le señala también de falsificar firmas y manipular actas legales para apropiarse de los bienes de la víctima.
Además de este presunto fraude, Franco, en su posición de comisariado ejidal en Izúcar de Matamoros, presuntamente se habría beneficiado económicamente de parcelas de cañeros, apropiándose de fondos que no le correspondían. Según los denunciantes, su poder e influencia en la región le habrían permitido evitar que se haga justicia, a pesar de las presuntas irregularidades legales.
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A medida que la familia trata de obtener respuestas y justicia, se enfrentan a la desconfianza de las autoridades locales. A pesar de contar con pruebas de fraude y manipulación, las quejas y denuncias no se consideran con la seriedad que amerita el caso. Las autoridades se han mostrado lentas y, en ocasiones, parecen proteger a Franco. Éste continúa disfrutando de los beneficios de su poder sobre los bienes de los demás.
Su muerte no solo afecta a la familia de Andrés Pachuqueño Ortiz, sino también a otras personas en la comunidad que son víctimas de la misma práctica y del escándalo que esto provoca. Mientras tanto la familia espera que se espera que las autoridades de Puebla y el RAN (Registro Agrario Nacional) tomen cartas en el asunto. Además que se investigue a fondo los manejos que manchan la memoria de un hombre truncada por una serie de manipulaciones familiares y corrupción local.
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