En el interior de una Lamborghini Urus, una SUV de lujo cuyo precio supera los seis millones de pesos, varias personas fueron asesinadas a tiros, entre ellas, un operador de Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas. El vehículo, emblema de riqueza, se transformó en la escena de un violento ajuste de cuentas que ahora despierta dudas por los esfuerzos del gobierno de ocultar su información.
Los reflectores de la prensa se posaron rápidamente en dos de los fallecidos: Diego Méndez, hijo de José de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango Méndez”, exlíder y fundador del cártel La Familia Michoacana, y Berenice Méndez, conocida como “La Bere”.
A través de redes sociales, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reclamó la autoría del ataque, situándolo en el marco de su pugna por el dominio de la región y tras la extradición de “El Chango” a Estados Unidos, parte de un grupo de 28 narcotraficantes enviados como aparente moneda de cambio del gobierno mexicano para evitar represalias comerciales de Donald Trump.
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El tercer ocupante del Urus era un operador de Rutilio Escandón
Sin embargo, un tercer ocupante muerto en la camioneta ha quedado envuelto en un manto de silencio. Aunque las autoridades locales insinuaron tímidamente que se trataba de otra mujer, los reportes iniciales de la policía apuntaban a un hombre.
Rumores y datos extraoficiales señalan que este tercer ejecutado podría ser Justo Rivera, un personaje influyente ligado a Amílcar Olán Aparicio, cabecilla de “El Clan”, una red de corrupción asociada a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Fuentes internas aseguran que Rivera fue quien convenció a Amílcar de incursionar en el negocio de la salud, destacando las ganancias fáciles y los pagos inmediatos.
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La relación entre ambos no es fortuita. Amílcar, tabasqueño, y Justo, chiapaneco, forman parte de una red política entrelazada que también conecta con Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas y hoy cónsul en Miami, para quien Rivera fungía como operador clave. Este vínculo sugiere que el ataque podría tener motivaciones más complejas que una mera guerra entre cárteles.
Hubo gran hermetismo en torno al caso
Tras el incidente, la información se detuvo en seco. Reporteros locales en Querétaro denunciaron un cerco informativo, mientras se supo que desde el gobierno federal se presionó a las dos mayores televisoras nacionales para que no divulgaran el caso. Ambas cedieron. Este hermetismo choca con un reporte del Diario Cambio 22, medio destacado en el sureste, que identificó a Justo Rivera como la tercera víctima y presentó una foto suya junto a la Urus baleada, con matrícula de Chiapas, captada el día de su compra.
En un hecho relacionado, la reciente liberación de “Don Chuy”, líder del CJNG en Zacapu, evidenció fallas en la Fiscalía General de la República. Un fiscal responsable del fiasco evitó dar la cara, dejando a otra colega enfrentando el descrédito. En Querétaro, los disparos aún resuenan, pero las verdades permanecen enterradas bajo capas de opacidad.
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