En una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Monse Arcos Velázquez, diputada federal del PRI, ha denunciado formalmente al dirigente del mismo partido, Alejandro Moreno Cárdenas, por violencia política de género.
Además, la legisladora no escatimó en señalamientos de corrupción dirigidos a Moreno y al secretario de finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez Arroyo.
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Monse Arcos presentó denuncia ante el INE
Arcos Velázquez presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en la que acusa a Moreno y Gutiérrez de violencia política de género.
La diputada del PRI explicó que todo comenzó con una propuesta de “explotación, moches y corrupción”, de la cual se negó a formar parte.
Con una trayectoria de 20 años en el PRI, Monse Arcos afirmó que, por el momento, no abandonará el partido a pesar de las controversias.
Lamentó no haber sido considerada como una figura “digna” de ser escuchada por el dirigente.
La diputada reveló que la controversia surgió en junio de 2023 cuando el secretario de Finanzas del PRI le solicitó el 50% de los recursos destinados por el partido para la capacitación y empoderamiento político de las mujeres, ya que ella era la titular del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI).
Gutiérrez Arroyo propuso realizar actividades de manera digital para que Finanzas pudiera disponer de esos recursos.
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Ante la negativa de Arcos Velázquez, buscó diálogo con el dirigente del partido y advirtió a la Secretaría de Finanzas sobre la irregularidad de ejecutar esos recursos.
La diputada detalló que el 5 de octubre pasado presentó su denuncia ante el Consejo Político del PRI, pero desde entonces fue excluida de reuniones de ONMPRI, incluso sin notificación de la designación de una nueva titular.
“Me quitaron la posibilidad de ejercer los recursos, fui relegada de la participación presencial de la comisión nacional y he sido objeto de violencia como parte de la mesa directiva. Tanto yo como mi equipo hemos recibido intimidaciones y amenazas, difamaciones”, expresó Arcos Velázquez, subrayando que intentó resolver el conflicto internamente durante al menos seis meses antes de recurrir al INE.