La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha emitido una orden de aprehensión contra la diputada local del PAN Luisa Gutiérrez Ureña, en el marco de la investigación de una red de corrupción vinculada al sector inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez.
Según la titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy Ramos, la legisladora se amparó, impidiendo temporalmente la ejecución de la orden.
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¿Por qué Luisa Gutiérrez está bajo investigación?
La fiscal informó durante una conferencia de prensa realizada en un inmueble incautado al exdirector de Obras de Benito Juárez, Nicias René Aridjis
La orden de aprehensión está relacionada con la labor de Gutiérrez como servidora pública en la mencionada alcaldía y su presunta participación en la red de corrupción inmobiliaria.
Esta investigación, que abarca más de un año, ha llevado al aseguramiento de 60 propiedades.
Godoy desmintió las afirmaciones de Gutiérrez sobre una carpeta de investigación fabricada por delitos contra la salud en octubre pasado, aclarando que la orden de aprehensión está fundamentada en las actividades de la diputada en su rol como servidora pública.
La fiscal subrayó que no hay perseguidos políticos en la FGJCDMX, sino presuntos delincuentes, y será responsabilidad de un juez determinar la culpabilidad.
Además, anunció la entrega de 11 propiedades a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, pertenecientes a exdirectores de la alcaldía que fueron condenados por enriquecimiento ilícito.
Uno de los inmuebles incautados, ubicado en Praderas 153 y valuado en 17 millones 903 mil pesos, es descrito como un ejemplo de las 60 propiedades construidas o adquiridas bajo prácticas ilegales e inmorales.
¿Hay más personas aparte de Luisa Gutiérrez?
Godoy anticipó que revelará los nombres de otros investigados y constructoras involucradas en el momento adecuado.
La fiscal rechazó proporcionar más detalles sobre la investigación, argumentando la necesidad de preservar la integridad de la misma.
Asimismo, solicitó a la empresa Telcel poner a disposición del público los documentos en su posesión
Sometiéndolos a un peritaje para determinar su autenticidad y origen, negando cualquier acto de espionaje por parte de la FGJCDMX.
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