En una decisión judicial destacada, un juez federal ha emitido una orden que requiere que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se abstenga de emitir mensajes que contengan mensajes de odio dirigido a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes actualmente mantienen un paro de labores en protesta por los recortes presupuestarios.
La orden judicial también implica que el presidente López Obrador no debe utilizar lenguaje ofensivo o discriminatorio contra aquellos que participarán en la marcha programada para el próximo domingo en varias ciudades del país.
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Mensajes de odio al Poder Judicial
La decisión judicial surge después de que el presidente López Obrador calificara la situación como una “rebelión” por parte del Poder Judicial
Esto en respuesta al paro nacional de los juzgados y a la manifestación convocada para el domingo, que busca denunciar el recorte de fondos que el Gobierno realizó al sistema de justicia.
La huelga afecta a los tribunales colegiados, tribunales de circuito y juzgados, lo que resulta en la suspensión de la impartición de justicia, a menos que se trate de casos considerados urgentes relacionados con violaciones a derechos fundamentales o aprehensiones.
Los trabajadores del Poder Judicial, incluyendo jueces, se manifestarán en Ciudad de México y en aproximadamente 20 ciudades más, como Monterrey, Guadalajara y Tijuana.
Alegan que el presidente López Obrador y sus legisladores afines están afectando sus derechos laborales mediante los recortes presupuestarios, que ahora redirigen los fondos a la Tesorería de la Federación.
En respuesta a las acusaciones, el presidente López Obrador ha afirmado que los recortes no afectarán los salarios ni las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial y que la extinción de recursos está dirigida a los sectores más privilegiados, haciendo referencia a los altos salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La orden del juez federal representa un nuevo desarrollo en el conflicto en curso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en México, y plantea cuestiones importantes sobre la libertad de expresión y el respeto por los derechos laborales en el país.