Afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, el candidato a Diputado Federal por el Distrito 10, Humberto Aguilar Coronado “El Tigre” se pronunció en contra de la desaparición forzada de personas en México y el estado.
En compañía del presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Puebla Capital, Jesús Zaldívar, y de los candidatos a diputaciones federales, Carolina Beauregard, José Juan Espinosa y Julián Rendón, “El Tigre” Aguilar firmó un exhorto para que el poder ejecutivo preste atención a la problemática.
No a la desaparición forzada
“Creemos sinceramente que la desaparición de personas es un tema que no ha sido atendido por la presidencia de la República. Por eso nosotros estamos firmando este acuerdo para exigirle al gobierno federal que no desaparezcan las personas, que hagan todo lo posible por encontrar a los desaparecidos, y que se tenga la certeza de que se les está buscando”.
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Por último, Aguilar Coronado destacó el compromiso con el que trabajarán él y sus compañeros desde la Cámara de Diputados para atender la problemática que afecta a la sociedad poblana y a todo México.
“Son temas muy sensibles para la sociedad poblana y para todos los mexicanos, y hay que ir adelante, por eso nosotros manifestamos no solamente nuestra solidaridad, sino nuestro compromiso por trabajar por el esclarecimiento de estos casos” finalizó.
La desaparición forzada en México es una grave violación de los derechos humanos que ha afectado a miles de personas y sus familias en el país. Se define como la privación de la libertad de una persona por agentes del Estado o grupos armados, seguida por la negativa a reconocer su detención o dar información sobre su paradero, lo que genera una situación de incertidumbre y angustia para los familiares.
Este fenómeno ha sido especialmente preocupante en México durante las últimas décadas, con un aumento significativo en casos reportados, especialmente desde el inicio de la “Guerra contra el narcotráfico” en 2006. Organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos de desapariciones forzadas perpetradas por agentes estatales, incluyendo policías, militares y otras fuerzas de seguridad, así como por grupos criminales.
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