La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz, enfrenta una investigación internacional en medio de la campaña electoral del Porder Judicial. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) analiza una denuncia que la señala a ella y a su yerno, Abel Chávez Salinas, por presunto tráfico de influencias y actos de corrupción.
Este caso, que surge a menos de dos meses de la elección judicial del 1 de junio de 2025, pone se suma al cuestionamiento sobre la integridad de una de las figuras clave del Poder Judicial en México. Cabe resaltar que en este momento, Loretta Ortiz busca mantenerse en su cargo como ministra.
El despacho estadounidense Quinn Emanuel, reconocido por su influencia global, solicitó a la SEC avances sobre la denuncia presentada por las hermanas Garza. Este señalamiento surge de un litigio en México contra el banco Santander, donde las acusaciones apuntan a que Ortiz y Chávez Salinas habrían intervenido de manera indebida.
#ÚLTIMAHORA | Loretta Ortiz (@lorettaortiza) se tambalea en la elección de ministros para la @SCJN: la Comisión Bancaria de #EUA la investiga por presunto tráfico de influencias.
— Gildo Garza (@GildoGarzaMx) April 7, 2025
Todo indica que se cae de la contienda. #Corrupción #México pic.twitter.com/ZrvqI1ak0b
Analistas y periodistas vinculan a Loretta Ortiz y a su yerno con Rafael Zaga Tawil, un empresario prófugo acusado de desviar 5 mil millones de pesos del Infonavit. Según Octavio Romero, director del instituto, este caso representa uno de los mayores escándalos de corrupción en la institución. La trama se complica con el litigio de Zaga Tawil contra Actinver, donde reclama mil millones de pesos por un fideicomiso del banco “Ve por Más” que él mismo ordenó transferir a cuentas personales en BBVA. Fuentes periodísticas indican que Ortiz habría expresado su apoyo a Zaga Tawil en este asunto, generando sospechas por su relación.
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Loretta Ortíz es señalada por conflicto de intereses
El nombre de Abel Chávez Salinas, yerno de Loretta Ortiz, aparece como un elemento central en las acusaciones. La denuncia ante la SEC sugiere que Chávez Salinas habría aprovechado su relación familiar para influir en decisiones judiciales de alto impacto. Otro personaje en este entramado es Jordi Oropeza, abogado cercano a Chávez Salinas, quien también enfrenta señalamientos por un posible conflicto de intereses. Este vínculo se extiende a los casos de Santander y Actinver, ambos bajo escrutinio en Estados Unidos.
Esto genera sospechas de que estos movimientos buscan financiar la campaña de Loretta Ortiz para la elección judicial de junio. La reforma al Poder Judicial, promovida por Sheinbaum, plantea la elección popular de jueces y ministros como una medida para combatir la corrupción. Sin embargo, este caso pone en duda la transparencia del proceso, especialmente cuando una candidata como Ortiz enfrenta acusaciones tan graves. La presidenta ha reiterado su compromiso de “erradicar los pactos de impunidad” en los tribunales, pero el escándalo podría complicar su narrativa.
Loretta Ortiz, por su parte, defiende su trayectoria. Durante una declaración reciente, afirmó: “He sido toda mi vida una persona honesta; en mi caso no hay rumores porque no hay nada que ocultar”. Sus palabras buscan contrarrestar las versiones que circulan en medios nacionales e internacionales, pero la investigación de la SEC mantiene la presión sobre su figura.
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La investigación de la SEC complica la campaña de Loretta Ortiz
La indagatoria de la SEC llega en un momento crítico para el sistema judicial mexicano. La elección del 1 de junio de 2025 renovará a los ministros de la SCJN, reduciendo su número de 11 a 9, como parte de la reforma aprobada en septiembre de 2024. Loretta Ortiz, quien asumió su cargo en diciembre de 2021, competirá por mantenerse en la Corte, enfrentando un proceso inédito de voto popular. Este cambio, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldado por Sheinbaum, genera debate sobre la independencia judicial y el riesgo de politización.
La resolución de la SEC podría influir no solo en su candidatura, sino en la percepción pública sobre la reforma judicial.
