Ciudadanos de San Pedro Cholula acusan a la candidata a la presidencia municipal por Morena, Tonantzin Fernández, de comprar votos con calentadores solares.
Este acto de corrupción generó una ola de indignación entre los ciudadanos, quienes claman por justicia y transparencia en el proceso electoral.
Tonantzin Fernández en el ojo del huracán por supuesta corrupción electoral descarada.
Los hechos se desencadenaron cuando múltiples testimonios revelaron que representantes de la campaña de Fernández ofrecieron calentadores solares a cambio de votos en las próximas elecciones municipales.
Este escandaloso intento de manipular el voto ciudadano es repudiado por la comunidad, que exige una investigación exhaustiva por parte de las autoridades electorales.
Se ha convocado a un plantón pacífico frente al domicilio donde se encuentran los calentadores solares en caja y una camioneta rotulada con la imagen de la candidata de Morena.
La inquilina de la casa ubicada en 4 Poniente 1308, lugar donde se presume se almacenaron los calentadores solares, salió a defenderse y solicita pruebas concretas sobre las acusaciones, negando que no existen los cantadores solares en el domicilio.
“Necesito detalles específicos: hora, fecha y nombres de las personas a las que se les entregaron los calentadores”, declaró. Más tarde en un video se aprecia como la inquilina de la casa acepta que sí están los calentadores en su patio.
En medio de la indignación, los ciudadanos de San Pedro Cholula alzaron su voz exigiendo una respuesta firme por parte de las autoridades electorales.
“Cholula no se vende, los votos no se compran”, corean los ciudadanos, reafirmando su compromiso con la democracia y la transparencia en las elecciones.
Se hace un llamado urgente a todas las autoridades electorales, tanto a nivel estatal como nacional, para que intervengan y tomen medidas contundentes contra cualquier intento de manipulación del voto ciudadano.
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Se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y lleven a cabo una investigación exhaustiva para castigar cualquier acto de corrupción que ponga en riesgo la democracia y la libertad ciudadana.
