Parece que algunos sectores de la sociedad están despertando con la intención de defender sus derechos y la persecusión de la justicia. Con mayor frecuencia vemos marchas o manifestaciones encabezadas por grupos que usualmente no se unían para alzar la voz en su beneficio. Por ejemplo, hasta hace algunos años, las marchas en favor de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTTIQ+, del medio ambiente, de los animales, eran poco frecuentes y hasta sancionables e inhibidas por la autoridad. Tradicionalmente se sabía de manifestaciones de estudiantes, obreros, campesinos o maestros.
El origen de cada uno de estos ejercicios de libertad de expresión es diverso. Pero tienen un factor común que es la percepción de los integrantes de estas comunidades de recibir un trato injusto. Lo que significa que el vaso comunicador tiene que ver con la justicia.
Recientemente se observó en Puebla un hecho que diversos columnistas pasaron por el filtro del heroísmo. Al valorar el acto gracioso de un servidor público para atender a un grupo de inconformes compañeros, que expusieron sus demandas de mejores condiciones laborales. El valor de esta expresión no se encuentra en que no haya existido previamente un movimiento de esta naturaleza durante un periodo de al menos veinte años, lo paradójico y verdaderamente trascendente es que se hizo en la sede del poder del Estado encargado de administrar e impartir justicia. Ya que como lo mencioné, la génesis de estos movimientos se encuentra en la injusticia.
Evidentemente una de las partes -los trabajadores demandantes- fueron movidos por la ilusión y esperanza de ser escuchados y lograr un cambio en su favor. Pero lo que obtuvieron fue un “tomo nota y luego platicamos”. La contraparte seguramente también se sintió injustamente tratada, ya que salió a dar la cara por una situación que, a decir de ella misma y de sus plumas, deviene de la historia de la institución y no de las decisiones que se han tomado en ese Poder últimamente.
Así se siente la justicia o, mejor dicho, la injusticia en la sede del órgano jurisdiccional.
Ahora hay que imaginar cómo se siente en los juzgados civiles o mercantiles. O en los familiares con tantos casos de violencia vicaria.
Y en los penales, en los que se determina sobre la libertad de una persona y se dictan medidas cautelares de prisión preventiva a alguien que todavía no se sabe si es penalmente responsable de realizar una conducta delictiva. O se pronuncia una sentencia condenatoria privativa de libertad sin que el condenado verdaderamente haya cometido el delito. Ahí se siente peor la injusticia.
Y trasciende en aspectos que nunca pensamos, porque implica que el sentenciado permanezca algunos años de su vida -no importa si son muchos o pocos- en un espacio que está a cargo del Estado. En el se le extorciona, maltrata y desgasta.
Trasciende también a la familia a la que se le quita uno de sus miembros que era el proveedor, el padre, la madre, el hijo o cualquier rol que cumpliera en ella. También trasciende a la sociedad que debe sufragar el mantenimiento de los internos y, en su momento, tiene que recibirlos de regreso con todo el sufrimiento, dolor y enojo que les dejó su encarcelamiento injusto. Trasciende al gobierno porque no puede cumplir con el mandato constitucional de la reinserción social y queda en evidencia su incapacidad para lograrlo.
Los gobernantes de cualquier comunidad moderna y los que aspiran a serlo, no tienen que perder de vista que la administración de justicia es una de las funciones del Estado. Que debe dar estabilidad social y equilibrio en la relación existente entre los ciudadanos y su gobierno.
