En México, la desaparición de personas es una herida abierta que sangra desde hace décadas, pero quienes deberían suturarla —los funcionarios de las dependencias encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas— se enfrentan a un muro de frustración tan alto como la indiferencia del sistema. Y es entonces que las madres buscadoras se convierten en la luz al final del túnel.
Día tras día, los servidores públicos dedicados a buscar a desaparecidos, lidian con la falta de recursos. A esto sumen el equipo obsoleto con el que operan y una burocracia que entorpece más de lo que ayuda. Mientras tanto, las madres buscadoras, armadas con poco más que su dolor y su determinación, demuestran una eficiencia que debería avergonzar a las instituciones.
¿Cómo es posible que un grupo de mujeres sin formación técnica ni presupuesto logre lo que el Gobierno, con toda su estructura, no puede? La respuesta está en el contraste entre la voluntad inquebrantable, el dolor que carcome las entrañas que por nueve meses albergaron a esa hija o hijo al que anhelan encontrar y un sistema que parece diseñado para fallar.
Las cifras claramente avalan lo que planteo: según el Presupuesto de Egresos de la Federación, en 2024 la Comisión Nacional de Búsqueda recibió mil 102 millones de pesos. Esto se traduce en un recorte de 47 millones debido a que en 2024 tuvo una asignación de mil 149 millones de pesos. Un caso similar se observa en las Comisiones Estatales de Búsqueda.
Es una cantidad irrisoria frente a las más de 120,628 personas desaparecidas reportadas oficialmente hasta febrero. Para 2025, el panorama no mejora; los recortes y la inflación han dejado a estas oficinas con menos herramientas que nunca. Sin drones, sin tecnología de geolocalización avanzada, sin personal suficiente, los funcionarios se ven obligados a improvisar para sacar su trabajo adelante.
En contraste, las madres buscadoras, como las del colectivo “Voces de la Ausencia” o “Hasta Encontrarlos”, han convertido su desesperación en acción. Con palas, picos y varillas, recorren terrenos inhóspitos, guiadas por rumores, intuición y una red de apoyo que ellas mismas han tejido.
En 2024, colectivos como estos localizaron más de 300 fosas clandestinas, mientras las autoridades apenas reportaron avances significativos. ¿Su secreto? No esperan permisos ni presupuestos; actúan porque cada día de retraso es un día más de agonía. No tienen oficinas lujosas ni horarios fijos, pero sí una claridad que falta en las dependencias: saben que buscar es un acto de amor, no de trámite y van contra el reloj.
El hallazgo más reciente, escandaloso y doloroso es el Teuchitlán. Ahí no solo encontraron tres hornos para desaparecer restos humanos, sino fosas, pertenencias personales de niños y adultos y el eco de la indiferencia gubernamental.
Fue ahí dónde entre septiembre y octubre, las autoridades catearon y “no encontraron” lo que Guerreros Buscadores sí pudieron. La gran pregunta es, si la Fiscalía de Jalisco, si la Guardia Nacional catearon el predio, ¿por qué pudo volver a usarlos el CJNG?
Volviendo a las verdaderas heroínas de este país, la eficiencia de las madres buscadoras no solo radica en su tenacidad, sino en su capacidad para sortear las trabas que paralizan al Estado. Mientras un funcionario necesita autorizaciones interminables para excavar un terreno, estas mujeres negocian directamente con comunidades, ganándose la confianza que las instituciones han perdido.
Conocen el territorio porque lo han caminado, no porque lo hayan estudiado en un escritorio. Y, sobre todo, no tienen miedo de enfrentarse a la muerte —la llevan tatuada en el alma desde que sus hijos desaparecieron—. En cambio, las dependencias parecen atrapadas en un ciclo de ineficacia: sin recursos no hay resultados, y sin resultados no hay más recursos.
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Esto no es un elogio romántico a las madres buscadoras, sino un reclamo urgente al Estado. Al que hay que recordarle que ellas sean más efectivas no es un triunfo, es una tragedia.
Claramente los funcionarios de las Comisiones de Búsqueda no son los villanos —muchos quieren ayudar—. Lamentablemente están encadenados a una maquinaria que prioriza la política sobre la justicia.
Es hora de que alcemos la voz y nos sumemos al llamado de un día de luto nacional por las personas desaparecidas, una propuesta que resuena entre colectivos y ciudadanos hartos de la inacción.
Es hora de gritarle a la cara al Gobierno y al Poder Legislativo que si queremos que las dependencias funcionen, hay que darles lo básico: presupuesto digno, tecnología moderna, autonomía.
Hasta entonces, las madres seguirán siendo el faro en esta oscuridad, y nosotros, como sociedad, seguiremos preguntándonos por qué ellas encuentran lo que el Estado solo promete buscar.