En el entramado de la justicia, a menudo nos encontramos con casos que nos estremecen, que desnudan las fallas sistémicas y nos confrontan con la realidad cruda y dolorosa de la violencia de género y contra las niñas.
Uno de estos casos recientes, que ha conmocionado a la sociedad mexicana, es el de la absolución de un presunto agresor de una niña de 4 años en el Estado de México. Más allá de ser un fallo judicial, es una afrenta a la justicia y un golpe a la dignidad de las niñas y mujeres.
El juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, al justificar su decisión de liberar al acusado, se aferró a la falta de precisiones sobre la hora y el lugar exacto del ataque, pasando por alto la evidencia del abuso.
Esta lógica absurda e inhumana refleja una clara falta de sensibilidad hacia las víctimas de violencia sexual, especialmente hacia una niña pequeña que, bajo el peso del trauma, no pudo proporcionar todos los detalles que la justicia parecía exigir.
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La madre de la menor, en un acto valiente y desgarrador, confrontó al juez cuestionando su imparcialidad y empatía. ¿Qué hubiera hecho él si la víctima fuera su propia hija? Esta pregunta, cargada de indignación y dolor, resuena en todos nosotros, exponiendo la brecha entre la teoría legal y la realidad humana.
La justicia no puede ser ciega a la experiencia y al sufrimiento de las víctimas, especialmente cuando se trata de niñas indefensas.
La respuesta del Poder Judicial del Estado de México, intentando justificar la decisión del juez, es insuficiente y decepcionante. La falta de pruebas o testimonios perfectos no debería ser excusa para exonerar a un presunto agresor, especialmente cuando se trata de delitos tan atroces como el abuso sexual infantil.
Más bien, debería ser un llamado a revisar los protocolos y prácticas judiciales para garantizar que las víctimas reciban la justicia y el apoyo que merecen.
Es crucial destacar que este caso no es un incidente aislado. La violencia sexual contra niñas y mujeres es una epidemia silenciosa que persiste en nuestras sociedades.
Las cifras proporcionadas por el Poder Judicial del Estado de México revelan la magnitud de este problema, pero también subrayan la urgencia de una respuesta contundente y efectiva por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto.
La perspectiva feminista nos enseña que la justicia debe ser inclusiva, sensible y empática. Debe reconocer y abordar las desigualdades estructurales que perpetúan la violencia de género y asegurar que las voces de las víctimas se escuchen y se crean.
Es hora de que nos unamos como sociedad para exigir un sistema judicial que proteja y defienda los derechos de las niñas y mujeres, un sistema en el que las niñas no se toquen, no se violen, no se maten, y en el que la justicia sea verdaderamente ciega a cualquier otro interés que no sea el de garantizar la seguridad y dignidad de todas las personas.