Me cuesta mucho creer que después del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2022 no haya mucho avance en materia de seguridad digital. Me hace preguntarme ¿quién cuida nuestros datos? pero sobre todo ¿quién cuida los datos de activistas y periodistas?
La protección de datos se ha convertido en un tema crucial, especialmente para periodistas, defensoras de derechos humanos, activistas y miembros de la disidencia.
En México, la reciente pérdida de información por parte del gobierno ha elevado la preocupación sobre la seguridad de aquellos cuya labor implica un constante desafío a las injusticias.
El gobierno mexicano, en un incidente reciente, ha perdido información sensible de periodistas, creando una brecha que amenaza la integridad de aquellos que trabajan para informar y defender los derechos fundamentales en el país.
Así, esta vulnerabilidad no solo pone en riesgo la privacidad de los individuos afectados, sino que también socava la libertad de expresión y el derecho a la información.
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Los periodistas desempeñan un papel crucial en la construcción de una sociedad justa y transparente. Su labor a menudo implica exponer verdades incómodas, desafiando el statu quo y promoviendo el cambio.
Sin embargo esto los coloca en situaciones de riesgo, y la pérdida de datos por parte del gobierno solo aumenta dichos peligros.
La pérdida de información personal no solo pone en riesgo la seguridad física de estos individuos, sino que también los expone a posibles represalias y ataques cibernéticos.
Datos como direcciones, números de teléfono y hábitos cotidianos, ahora en manos equivocadas, pueden ser utilizados para intimidar, acosar o incluso poner en peligro la vida de aquellos que luchan por un México más justo.
La revelación de que la información sensible fue accedida mediante la contraseña de un empleado que dejó el gobierno hace dos años añade un nivel de negligencia inaceptable a esta lamentable situación.
Este incidente no solo es un recordatorio de la fragilidad de nuestros sistemas de seguridad digital, sino también de la urgente necesidad de revisar y fortalecer los protocolos de protección de datos.
En un mundo donde la tecnología se entrelaza con cada aspecto de nuestras vidas, la seguridad de quienes defienden la verdad y los derechos fundamentales se vuelve vital.
La confianza pública en las instituciones gubernamentales está en juego, y la responsabilidad recae en aquellos encargados de salvaguardar la información.
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Es imperativo que este incidente sirva como catalizador para reformas estructurales. Se requiere una revisión exhaustiva de las prácticas de seguridad digital, la implementación de tecnologías avanzadas y la capacitación constante del personal.
Además, es fundamental que la transparencia y la rendición de cuentas se conviertan en principios rectores para garantizar la confianza de la ciudadanía.
El acceso indebido a la información personal de periodistas y defensores de derechos humanos no solo amenaza la labor de quienes trabajan incansablemente por un México más justo, sino que también socava la integridad misma de nuestra democracia.
Exhortamos a la sociedad civil a mantenerse vigilante, a exigir respuestas y a participar activamente en el diseño de políticas que protejan nuestra privacidad y seguridad.
La protección de datos no debe ser vista como una opción, sino como un imperativo ético y legal.
La seguridad de aquellos que arriesgan sus vidas por el bien común debe ser una prioridad ineludible.
Solo con medidas concretas y un compromiso colectivo podemos asegurar un futuro donde la lucha por la verdad y la justicia no esté amenazada por la vulnerabilidad de nuestros datos.
Nos leemos en la próxima columna y les recuerdo, empiecen a proteger sus datos y sus dispositivos, nunca sabe a qué incapaz se les escaparan sus datos.
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