Un juez federal vinculó a un proceso penal a 11 servidores públicos del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros por los delitos de falsedad de declaraciones y alteración de documentos oficiales contra periodistas
Los implicados están relacionados con la agresión contra las periodistas Natalie y Michell Hoyos López, cometida el 10 de marzo de 2023.
El caso corresponde a las agresiones físicas sufridas por las periodistas mientras cubrían actividades del Día Internacional de la Mujer.
Este sábado, durante una audiencia de más de cinco horas, el juez a cargo del caso decidió procesar penalmente a cinco servidores públicos de la Comuna de Izúcar de Matamoros, entre ellos el síndico Omar N., el director de Seguridad Pública Marco Antonio N., el juez calificador y seis policías municipales.
En la comparecencia, los integrantes del ayuntamiento presentaron testigos en su defensa, pero se contrapusieron a más de 30 pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
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Agravio contra periodistas
La noche del 10 de marzo de 2023, al menos una docena de policías de Izúcar detuvieron a las dos reporteras sin motivo, tras la cobertura de las marchas del Día Internacional de la Mujer.
En los separos, los agentes incomunicaron, torturaron, desnudaron y obligaron a las periodistas a hacer sentadillas, en un intento de humillarlas.
Las afectadas presentaron dos denuncias: una por el trato recibido y otra por la alteración de documentos y pruebas por parte de funcionarios municipales para encubrir los hechos.
Durante la audiencia, quedó evidenciado que el juez calificador de Izúcar, quien ordenó la incomunicación de las periodistas bajo el argumento de que “ensuciaron la ciudad”, no cuenta con cédula profesional para ejercer.
Las penas para los funcionarios implicados podrían alcanzar hasta 20 años de prisión, según el Código Penal federal.
La audiencia de este sábado había sido pospuesta en varias ocasiones, lo que llevó a los habitantes de Izúcar a protestar la semana pasada en el Centro de Justicia Federal para acelerar el proceso.
Además, está pendiente otra audiencia por el delito de tortura contra las comunicadoras, en la cual también está implicada la presidenta municipal Irene Olea, quien actualmente busca la reelección bajo las siglas de Morena.
Las periodistas afectadas informaron del caso a instancias nacionales como Artículo 19 e internacionales como la ONU, buscando apoyo ante el temor de tráfico de influencias por parte de Irene Olea.
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