Después de una maratónica audiencia que se prolongó por más de 10 horas en los juzgados de control del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz.
La juzgadora a cargo ha tomado su decisión respecto al caso que ha conmocionado a la región.
Los seis detenidos en relación con la muerte del empresario Íñigo Arenas Saiz en el bar ‘Black Royce’ de Naucalpan,
enfrentarán el proceso legal al determinarse riesgo de fuga y de obstrucción de la justicia.
Carlos Daniel ‘N’, Eduardo ‘N’, Ana Karen ‘N’, Aritzi Abril ‘N’, Cecilia Mariana ‘N’ y Ana Karen ‘N’, todos empleados del mencionado establecimiento,
señalados como las últimas personas que estuvieron en contacto con el empresario antes de su trágico deceso en las primeras horas del 6 de agosto.
La juez a cargo del caso otorgó a los acusados la duplicidad del término constitucional para que se defina su situación jurídica,
programando la audiencia para el próximo martes a las 9:00 de la mañana. Esta dilación en la decisión busca asegurar un proceso justo y exhaustivo.
Las defensas de los detenidos alegaron en la audiencia que sus clientes durante la detención los sometieron a tortura física y psicológica por parte de las autoridades.
Acusados llegan voluntariamente a prestar declaración, solo para ser detenidos, incomunicados, torturados y amenazados.
Ante estas alegaciones, la juez ordenó de inmediato la apertura de una investigación por el delito de tortura y
solicitó a la Fiscalía de la región dar parte a la Comisión de Derechos Humanos mexiquense.
Además, en el transcurso de la audiencia, se presentó el testimonio de Ricardo ‘N’, gerente del bar ‘Black Royce’,
quien alegó que una de las empleadas detenidas habría añadido una sustancia alcohólica a la bebida del empresario con el fin de aumentar el consumo y, por tanto, el monto de la cuenta.
Esta supuesta práctica, según Ricardo ‘N’, podría ser habitual en el establecimiento.
Cabe destacar que el empleado en cuestión accedió a colaborar bajo un criterio de oportunidad, después de enfrentar
acusaciones de cohecho por supuestamente haber ofrecido dinero a la policía para evitar investigaciones en torno al caso.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en sus investigaciones, informa que la muerte de Íñigo Arenas Saiz es resultado del uso de sustancias químicas,
presumiblemente suministradas por las cuatro mujeres involucradas en el caso, el capitán de meseros y otro individuo.
Peritaje forense define que la causa de muerte es “asfixia mecánica por sofocación inducida en su modalidad de oclusión de vías respiratorias
por contenido gástrico con presencia de alcohol y de sustancias químicas de naturaleza controlada,
que limitaron su conciencia y funciones motoras, propiciando con alta probabilidad su fallecimiento”.
La Fiscalía también ha señalado la existencia de un supuesto acuerdo entre algunos taxistas de la Ciudad de México y el bar ‘Black Royce’,
en virtud del cual los conductores llevarían a clientes ebrios al establecimiento a cambio de una comisión. La cronología de los hechos, según las pesquisas de la fiscalía, se ha ido desentrañando gradualmente, y los detalles han sacudido a la comunidad local.
