En una decisión dividida, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la legalidad de la convocatoria, el método de insaculación por tómbola, los plazos y los comités de evaluación establecidos para la elección de juzgadores federales.
La resolución, avalada con tres votos a favor y dos en contra, asegura que el proceso seguirá su curso con miras a realizarse el 1 de junio de 2025.
La mayoría conformada por los magistrados Mónica Soto (presidenta), Felipe de la Mata y Felipe Fuentes respaldó la constitucionalidad del proceso frente a las objeciones planteadas por los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora.
Resoluciones Clave
Entre los puntos ratificados por la Sala Superior destacan:
- Convocatoria y tómbola: Acorde a la Constitución y respetando el principio de paridad de género.
- Plazos y declinaciones: Se validaron los periodos establecidos para que los juzgadores decidan si participan o declinan.
- Comités de evaluación: Confirmaron las convocatorias emitidas por los tres Poderes de la Unión para la selección de postulantes.
- Omisiones legislativas: Declararon inexistentes las omisiones en materia de acciones afirmativas y en las respuestas a escritos dirigidos al Senado.
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Asimismo, el TEPJF solicitó al Senado informar sobre los juzgadores sin adscripción definitiva o en plazas interinas.
Divisiones Internas
La sesión, realizada por videoconferencia, evidenció diferencias entre los magistrados.
Reyes Rodríguez cuestionó el sistema de turnos de los expedientes y afirmó que afecta la percepción de imparcialidad del Tribunal. Propuso declarar ilegal la convocatoria y repetir la tómbola, argumentando que no cumplió con el decreto de la reforma judicial ni con criterios de especialización y análisis por circuitos judiciales.
Además, destacó que la falta de acciones afirmativas claras perpetúa las brechas de género.
Según sus datos, el 80.2 % de las magistraturas son ocupadas por hombres, mientras que en los juzgados solo el 36.8 % son liderados por mujeres.
De las 184 magistradas, 74 fueron insaculadas, y de las 266 juezas, 101 resultaron seleccionadas, sin reducir significativamente las desigualdades.
Pese a las críticas, la mayoría sostuvo que el principio de paridad será aplicable a los cargos que se ocupen a partir del 1 de septiembre de 2025.
Asimismo, subrayaron que la inclusión de nombres de los participantes garantiza la transparencia y la máxima publicidad del proceso.
Esta decisión, que afecta 138 asuntos generales y 337 juicios ciudadanos agrupados en 275 medios de impugnación, ratifica el curso del procedimiento, dejando en manos del Senado y los comités evaluadores la responsabilidad de su implementación.
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