Una jueza federal ha concedido una segunda suspensión provisional que ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) detener el proceso electoral judicial en México.

La medida, dictada por Grissell Rodríguez Febles, jueza Quinto de Distrito con sede en Yucatán, impide temporalmente al INE continuar con la organización de las elecciones judiciales.

Segunda suspensión provisional

En su resolución, la jueza también prohíbe al Senado de la República emitir la convocatoria para la integración de las listas de candidatas y candidatos a jueces y magistrados federales.

Además, instruyó a la Cámara de Diputados a suspender el proceso de adecuación de las leyes federales, así como a los Congresos estatales que deben abstenerse de realizar reformas a sus constituciones.

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El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) queda también obligado a no entregar al Senado el listado de las personas que desempeñan cargos judiciales, que incluye información sobre el circuito judicial, especialización, género, vacancias, renuncias y retiros programados.

Además, debe abstenerse de continuar con la implementación de la reforma judicial y gestionar el presupuesto necesario para mantener la autonomía presupuestal del poder judicial.

La orden judicial señala que el Director del Diario Oficial de la Federación debe evitar la publicación de actos que busquen implementar la reforma judicial en cuestión.

Esta medida permanecerá vigente hasta que se resuelva la suspensión definitiva de los actos reclamados.

Rodríguez Febles enfatizó que cualquier inconformidad respecto a la medida debe ser dirimida a través de los recursos legales correspondientes y no a través de medios de comunicación o redes sociales, ya que estos no son reconocidos como vías válidas para el juicio de amparo.

Por su parte, Francisco García Contreras, juez Segundo de Distrito en Colima, quien otorgó la primera suspensión, destacó que el INE aún no ha recibido la notificación formal de la resolución, por lo que solicitó la intervención de un juzgado en Materia Administrativa de la Ciudad de México para realizar dicha notificación.

La decisión de la jueza marca un nuevo capítulo en la controversia que rodea el proceso electoral judicial y subraya la importancia del respeto a los procedimientos legales establecidos en el país.

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