En una decisión histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución de dos altos funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR)

Por no cumplir con la devolución de joyas y diamantes valuados en más de 200 millones de pesos.

Los funcionarios de la FGR, identificados como un ministerio público y su jefa, quienes estaban a cargo de la Unidad Especializada en Análisis Financiero

Fueron señalados por incumplir injustificadamente una sentencia de juicio de amparo.

Enfrentan un proceso judicial

Su desobediencia ante los requerimientos judiciales ha llevado a que enfrenten ahora un proceso de juicio y sanciones.

Según información proporcionada por la Suprema Corte, los funcionarios hicieron caso omiso a todos los requerimientos para llevar a cabo la devolución de las joyas incautadas.

Esto incluyó el incumplimiento de diligencias probatorias solicitadas por tres ciudadanos que buscaban acreditar la propiedad y recuperar los bienes asegurados.

No informaron de la entrega de bienes

Además, los responsables no informaron al juez de amparo sobre la entrega material de los bienes al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Este hecho ha generado una gran preocupación, ya que es crucial que se respeten los procedimientos legales y se garantice la protección de los derechos de los ciudadanos.

La Suprema Corte ha dejado claro que este asunto permanecerá abierto hasta que el amparo concedido a los ciudadanos se cumpla

Ya que es una cuestión de orden público e interés general asegurar que la protección otorgada se materialice.

Plazo para informar de acciones

Por otro lado, se ha establecido que las personas que asuman los cargos de los funcionarios destituidos tendrán un plazo de 10 días hábiles para informar sobre las acciones que realizarán para dar cumplimiento a la sentencia mencionada.

El caso de los diamantes se remonta a 2014, cuando elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) confiscaron más de 4 mil joyas y diamantes al presunto contrabandista Apel Çelik.

Tres ciudadanos reclamaron las joyas

Sin embargo, tres ciudadanos, Érika Paola Avilés Demeneghi, Guadalupe Demeneghi Morales y Julián José Betancourt Turriza, presentaron reclamaciones legales para demostrar su posesión legítima de las joyas.

Durante años, la Procuraduría y posteriormente la Fiscalía se negaron a entregar las joyas y a documentar su destino.

Supuestamente, los diamantes estaban resguardados en una bóveda de la fiscalía, pero en algún momento se presume que fueron entregados al gobierno para su subasta, tras ser declarados como “abandonados”.

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