En una decisión que ha generado controversia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inválida la segunda parte del llamado “plan B” de reforma electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La razón detrás de esta determinación fue la existencia de violaciones al procedimiento legislativo durante la aprobación de estas reformas y esto inválida el Plan
El “plan B” electoral buscaba introducir cambios significativos en la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE).
Incluyendo la reducción de salarios para los consejeros, la eliminación de fideicomisos y la implementación de nuevas reglas para los partidos políticos.
Únete a nuestro canal de Telegram: DA CLICK AQUÍ
El ministro Laynez resaltó las violaciones
El proyecto avalado fue presentado por el ministro Javier Laynez Potisek, quien resaltó que una de las violaciones identificadas fue la falta de un “plazo razonable” para discutir estos cambios a las leyes secundarias.
Según el ministro, esta falta de tiempo adecuado para la deliberación violó el principio de deliberación democrática
Al no garantizar el derecho de participación de todos los grupos parlamentarios en condiciones de libertad.
Socavaron el proceso democrático
Además, señaló que los legisladores no tuvieron la oportunidad de conocer las iniciativas que serían discutidas y aprobadas, lo que socava aún más el proceso democrático.
El ministro Luis González Alcántara Carrancá respaldó el proyecto de invalidar las reformas electorales de López Obrador
Señaló que compartían los mismos vicios legislativos que la primera parte del “plan B”, la cual también fue invalidada anteriormente.
González Alcántara Carrancá destacó que estos decretos violaban el sistema bicameral de aprobación de leyes, lo que refuerza la necesidad de invalidarlos.
Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel votaron en contra
Sin embargo, las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel votaron en contra del proyecto de invalidación.
Ortiz argumentó que las irregularidades identificadas no tenían un potencial suficiente para invalidar las reformas y que los legisladores sí tuvieron conocimiento del contenido de la iniciativa, estando en aptitud de posicionarse al respecto.
Además, consideraron que las irregularidades podrían subsanarse en etapas posteriores.
Acuerdos políticos de los órganos legislativos no eran competencia de la SCJN
La ministra Yasmín Esquivel agregó que el procedimiento legislativo para estas reformas se inició con un acuerdo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.
Donde los legisladores aceptaron procesar los cambios a las leyes en el mismo día.
Esquivel enfatizó que el proyecto de invalidación presentado por el ministro Laynez Potisek ignoraba la división de poderes y que los acuerdos políticos de los órganos legislativos no eran competencia de la SCJN.
Debate ámbito político y legal
La decisión de la SCJN de invalidar la segunda parte del “plan B” electoral del presidente López Obrador ha generado un intenso debate en el ámbito político y legal del país.
Mientras algunos consideran que esta invalidación es un paso para proteger el debido proceso legislativo y la democracia deliberativa.
Otros argumentan que la intervención del poder judicial en asuntos políticos vulnera la autonomía del poder legislativo y los acuerdos políticos alcanzados.
El fallo de la SCJN plantea interrogantes sobre el futuro de las reformas electorales propuestas por el gobierno y la necesidad de establecer procedimientos legislativos sólidos y transparentes.