Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma que sancionan a AMLO y Sheinbaum así como a del Mazo por la difusión de propaganda gubernamental durante la veda electoral del proceso de revocación de mandato celebrado el 10 de abril del 2022.
En sesión pública, determinaron que también se incurrió en uso de recursos públicos durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, celebrado el 21 de marzo del 2022, así como por las declaraciones del Ejecutivo Federal durante las mañaneras del 28 y 30 de marzo de ese año.
Sancionan a AMLO y Sheinbaum
El pleno propuso revocar parcialmente la sentencia exclusivamente por cuanto hace a la responsabilidad atribuida al ahora ex gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, por presunto uso indebido de recursos públicos con motivo de la organización del evento en el que se inauguró el AIFA, al considerar que se valoró de forma incorrecta su escrito de alegatos
Se confirmó que se vulneraron los principios de equidad e imparcialidad de la contienda en marcha de junio de ese año en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Responsabilizan a AMLO
En mayo de 2023, el Tribunal Electoral determinó que el presidente López Obrador fue responsable indirecto de la propaganda gubernamental que se difundió durante la consulta de revocación de mandato, en abril de 2022.
Lo anterior porque el mandatario no impidió que los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como el de Petróleos Mexicanos mencionaran programas de gobierno en una conferencia.
El caso se originó con las denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN) que, durante los actos de inauguración del AIFA y en las referidas conferencias mañaneras, así como en diversas publicaciones, se difundió propaganda gubernamental durante el periodo prohibido de la revocación de mandato presidencial.
De acuerdo con el PAN, en tales eventos se enfatizaron logros, acciones y proyectos del gobierno, con el objetivo de ganar el respaldo ciudadano, empleando para ello recursos humanos y materiales del Estado. En su oportunidad, la Sala Regional Especializada determinó la existencia de dichas infracciones.
Las personas denunciadas, en desacuerdo con esta decisión, acudieron a la Sala Superior.