La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, lanzó una fuerte acusación contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, al señalar su presunta participación en el encubrimiento de un segundo tirador en el asesinato de Colosio Murrieta.
Según Rodríguez, García Luna habría sido enviado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) para “rescatar” a Jorge Antonio.
El supuesto segundo atacante, tras el magnicidio ocurrido en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994.
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Durante su intervención en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Rodríguez afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con pruebas científicas y evidencia material.
Eso confirman la participación de dos tiradores en el atentado que acabó con la vida del entonces candidato presidencial del PRI.
Evidencia de segundo tirador en el asesinato de Colosio
Rodríguez explicó que la investigación de la FGR reveló que dos personas dispararon de manera casi simultánea contra Colosio.
De acuerdo con la secretaria, Jorge Antonio, identificado como el segundo tirador, fue detenido inmediatamente después del ataque y llevado a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Tijuana.
Sin embargo, poco después, García Luna habría intervenido para sacarlo de la escena.
“La FGR inició la investigación correspondiente y logró probar que el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, dos personas accionaron armas de fuego contra Colosio.
Jorge Antonio fue arrestado en el lugar y llevado a la PGR, pero fue rescatado por García Luna”, declaró Rosa Icela Rodríguez.
Bloqueos judiciales
Además de las acusaciones contra García Luna, la titular de la Secretaría de Gobernación señaló la interferencia del Poder Judicial en las investigaciones recientes del caso.
Según Rodríguez, un juez federal bloqueó la apertura de una nueva carpeta de investigación.
Esto permitiría profundizar en el papel de García Luna en el encubrimiento.
“Un juez, miembro del Poder Judicial, negó la apertura de esta carpeta en 2024, lo que impidió continuar con la investigación. Este tipo de decisiones refuerza la necesidad de reformas urgentes en el sistema judicial”, afirmó Rodríguez, sugiriendo posibles actos de complicidad dentro del aparato judicial.
Este señalamiento se da en un contexto de creciente tensión en México por la relación de García Luna con diversos crímenes durante su tiempo al frente de la seguridad pública.
Especialmente tras su reciente condena a 38 años de prisión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.