El miércoles 1 de enero de 2025 marca el inicio de una nueva etapa en el sistema judicial mexicano con la entrada en vigor del decreto que modifica el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre de 2024, introduce cambios significativos en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Reforma al Artículo 19
Cambios clave en la reforma
Aprobada el 13 de noviembre de 2024 por la Cámara de Diputados, esta reforma logró una mayoría calificada tanto en lo general como en lo particular, incorporando modificaciones impulsadas por el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.
Entre los ajustes más destacados se encuentran:
Delitos incluidos:
Extorsión.
Delitos relacionados con fentanilo y drogas sintéticas, incluyendo actividades como producción, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias relacionadas.
ÚNETEA NUESTRO CANAL DE WHATSAPP
Delitos excluidos:
Narcomenudeo: Se propuso darle un tratamiento social para reconstruir el tejido social, especialmente entre los jóvenes.
Defraudación fiscal: Considerada una falta administrativa más que un delito grave.
Implicaciones de la reforma
Con este cambio, los jueces deberán ordenar prisión preventiva automática para los acusados de ciertos delitos graves, eliminando la posibilidad de medidas cautelares alternativas. Sin embargo, se busca equilibrar esta medida con el respeto a los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia.
Durante su intervención, Monreal Ávila destacó que la reforma atiende críticas sobre el uso excesivo de la prisión preventiva, que en algunos casos se ha señalado como una forma de castigo anticipado. “Buscamos ajustar esta medida cautelar a casos de mayor impacto en la seguridad y el orden público”, señaló.
Un año para ajustes legislativos
El Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán hasta un año para adecuar las leyes secundarias a esta reforma constitucional.
Este periodo será clave para asegurar que la implementación de los cambios no vulnere los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Un enfoque más estratégico y humanitario
Con la entrada en vigor de esta reforma, se espera que el sistema judicial adopte un enfoque más equilibrado en el uso de la prisión preventiva, limitándola a delitos de alto impacto y atendiendo problemas estructurales como el tráfico de drogas sintéticas.
Este cambio pretende fortalecer el respeto a los derechos humanos mientras se enfrenta de manera efectiva a los retos de la seguridad nacional.
La reforma al artículo 19 representa un esfuerzo por modernizar el sistema de justicia penal mexicano y adaptarlo a las necesidades y desafíos actuales, privilegiando un enfoque estratégico y humanitario.
