A pesar de las declaraciones iniciales que aseguraban que la reforma judicial no afectaría los derechos laborales, hoy se confirma que los trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) enfrentarán restricciones en sus fondos de ahorro.
Derivado del recorte de 13,117.2 millones de pesos aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, el presupuesto del CJF para 2025 se redujo en un 17.1% nominal y un 13.4% en términos reales en comparación con el ejercicio anterior, quedando en 62,025.5 millones de pesos.
Recorte al CJF impacta derechos laborales
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En respuesta, el Pleno del CJF adoptó medidas para preservar los salarios y prestaciones básicas del personal.
Sin embargo, se vieron obligados a limitar la aportación institucional a los fondos SEGSEI y FORI al 2%, afectando así los ahorros de miles de trabajadores del Poder Judicial.
Un golpe a la base laboral
El anuncio contradice las promesas de los legisladores que promovieron la reforma judicial, asegurando que no habría afectaciones a los trabajadores. En un comunicado dirigido a todo el personal, el CJF explicó que:
“Se respetarían los salarios y prestaciones de la totalidad de los trabajadores en cumplimiento al Artículo Décimo Transitorio del decreto de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, con un ajuste a las asignaciones adicionales y a las reglas de operación de los fondos de ahorro”.
Sin embargo, la reducción del porcentaje de aportación patronal impacta directamente en el ingreso a largo plazo de las y los servidores públicos.
¿Un alivio en puerta?
El Consejo indicó que iniciará gestiones con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para solicitar una ampliación presupuestaria que permita revertir esta medida.
Entre las prioridades mencionadas se encuentra garantizar el pago de la tercera asignación adicional y mejorar los porcentajes de aportación a los fondos afectados.
Trabajadores del CJF han manifestado su preocupación y descontento por lo que consideran un incumplimiento de garantías laborales.
En redes sociales, abogados y analistas han señalado que el recorte evidencia las consecuencias de las reformas impulsadas por el gobierno federal en detrimento de la autonomía del Poder Judicial y la estabilidad laboral de su base trabajadora.
La pregunta que queda es: ¿podrá el CJF revertir el daño o será este el inicio de un impacto más profundo en los derechos de los servidores públicos?
