En una decisión histórica, el Congreso de Quintana Roo ha aprobado una serie de reformas al Código Civil y al Código Penal del estado, orientadas a proteger a los menores de edad de situaciones de violencia y abandono.
Estas reformas establecen la pérdida y suspensión de la patria potestad para padres que cometan feminicidio, homicidio, o que no cumplan con sus obligaciones alimentarias, entre otros delitos graves.
La diputada Maritza Basurto Basurto, promotora de la iniciativa, subrayó la importancia de estas medidas:
“Es fundamental tomar medidas contundentes para proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, especialmente a los niños, niñas y adolescentes”.
Por su parte, Jissel Castro Marcial, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, destacó la relevancia de estas reformas para asegurar que los menores no queden bajo la custodia de padres que puedan influir negativamente en su desarrollo emocional o psicológico.
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Además de los delitos mencionados, las reformas incluyen la pérdida de patria potestad para padres que cometan delitos graves contra la libertad y seguridad sexual.
Con estas modificaciones, Quintana Roo se une a otros estados como Puebla, Sinaloa, Ciudad de México, Tlaxcala, Nayarit, Colima, Tabasco, Guerrero y Estado de México, que ya han implementado medidas similares.
Estas reformas están inspiradas en la Ley Monzón, una legislación que lleva el nombre de la activista Cecilia Monzón.
La Ley Monzón establece la pérdida de la patria potestad en casos de feminicidio o intento de feminicidio de la madre y propone penas severas para los funcionarios que no actúen adecuadamente en las investigaciones.
Esta ley fue presentada por primera vez ante el Congreso de Puebla en julio de 2022, tras el feminicidio de Cecilia Monzón, cuyo autor intelectual fue su ex pareja.
La implementación de estas reformas en Quintana Roo busca proteger el interés superior del menor y asegurar su integridad, fortaleciendo el marco legal para evitar que los menores queden en situaciones de vulnerabilidad frente a padres que hayan cometido actos violentos o delictivos graves.
Con esta aprobación, Quintana Roo se convierte en el décimo estado en adoptar la Ley Monzón, marcando un importante avance en la lucha por la protección de los derechos de los niños y niñas en México.
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