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Querétaro criminaliza a un menor de 14 años tras abortar por abuso sexual

Querétaro criminaliza a una menor de 14 años tras abortar por abuso sexual

Querétaro criminaliza a una menor de 14 años tras abortar por abuso sexual

Querétaro criminaliza a un menor de 14 años, originaria de la comunidad indígena de Huimilpan, ha captado la atención nacional tras la apertura de una carpeta de investigación en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE).

La joven, identificada como Esmeralda, sufrió un aborto espontáneo en agosto de 2023, un evento que ha derivado en una acusación de homicidio culposo, generando indignación entre colectivos feministas y defensores de derechos humanos.

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Querétaro criminaliza a un menor de 14 años

Agosto de 2023:

La menor, quien fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar tres años mayor, experimenta un aborto espontáneo. Según información proporcionada por el colectivo feminista Adax Digitales, Esmeralda no estaba consciente de su estado de Agosto de 2023:. Al percatarse de la hemorragia, buscó ayuda de su familia.

24 de octubre de 2023

En una audiencia judicial, la FGE solicita una pena de tres años en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes, alegando que se trató de un asesinato debido a “asfixia mecánica” del feto. La fiscalía ha argumentado que la menor causó la muerte del feto, lo que ha sido rechazado por sus defensores.

Reacciones Iniciales

La representante de Adax Digitales, Mayra Dávila, denuncia que este tipo de acusaciones buscan criminalizar el aborto espontáneo, un tema que ha sido polémico en Querétaro desde el caso de Dafne McPherson en 2015, quien fue encarcelada por un incidente similar. Dávila subraya que la menor no había sido informada de su embarazo y destaca la falta de atención psicológica tras el trauma que sufrió.

Pronunciamientos de Autoridades

La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aborda el caso en una conferencia de prensa matutina, destacando que Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, ya está en contacto con la familia de la menor. Sheinbaum enfatiza que “no se debe criminalizar y menos a una niña de 14 años” y recuerda la decisión de la SCJN, que declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto.

La Respuesta de Colectivos Feministas

Organizaciones feministas, como Adax Digitales, han calificado el caso como un acto de revictimización por parte de la FGE. Dávila sostiene que la falta de educación sexual y apoyo emocional contribuyó a la situación de Esmeralda. La activista denuncia que, a pesar de que la menor denunció la violación, la investigación en su contra ha continuado, lo que agrava su situación.

Condiciones Judiciales de la Menor

A pesar de no estar detenida, Esmeralda se encuentra bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria mientras espera la fecha de su juicio. Las autoridades buscan imponerle una multa de 518 mil pesos como reparación del daño a su abusador, quien ha sido señalado como el padre del feto. Este aspecto ha suscitado críticas, dado que el abusador no ha enfrentado acciones legales.

Pronunciamientos de la Secretaría de las Mujeres después de que Querétaro criminaliza a un menor de 14 años

Citlalli Hernández ha manifestado en redes sociales su preocupación por la situación, calificando las acciones de la FGE como inauditas e ilegales. Ha propuesto una mesa de trabajo con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, la fiscalía y la representación legal de la menor para abordar esta injusticia.

Apoyo Psicológico y Legal

La activista Mayra Dávila enfatiza la necesidad urgente de asistencia psicológica para la adolescente, quien ha enfrentado un trauma significativo y un proceso judicial desgastante. Denunció que hasta el momento, no se ha brindado apoyo emocional adecuado a la joven.

El caso de Esmeralda ha resaltado la necesidad de un cambio urgente en las políticas de atención y justicia para víctimas de abuso y de situaciones relacionadas con el aborto en México.

La falta de una respuesta adecuada y la revictimización de menores han generado un llamado a la acción de colectivos feministas y defensores de derechos humanos, quienes exigen un enfoque más humano y justo en la legislación sobre estos temas sensibles.

La atención pública sobre este caso podría ser un punto de inflexión en la lucha por los derechos reproductivos y la protección de las menores en situaciones de vulnerabilidad en el país.

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