Trabajadores del Poder Judicial en San Luis Potosí han tomado una medida drástica al declararse en paro y ocupar las instalaciones en protesta por el incumplimiento de pagos y la violación de sus derechos laborales.
Este movimiento busca presionar al gobernador del estado, Ricardo Gallardo, para que libere los recursos necesarios para el pago de prestaciones atrasadas, según informan medios locales.
La manifestación de descontento se ha intensificado debido a la frustración acumulada por los empleados judiciales, quienes señalan que la falta de respuesta a sus demandas ha deteriorado gravemente sus condiciones laborales.
Los trabajadores han expresado su preocupación por la incertidumbre que esta situación genera, afectando tanto su bienestar como el correcto funcionamiento del sistema judicial.
El paro de actividades y la ocupación de las instalaciones judiciales se presenta como un esfuerzo por visibilizar la crisis que enfrentan y exigir una solución inmediata.
Los empleados han dejado claro que mantendrán su protesta hasta que se liberen los fondos necesarios y se respeten sus derechos laborales.
Se espera que las autoridades estatales respondan prontamente a sus demandas para evitar un mayor impacto en los servicios judiciales del estado.
Incertidumbre por la reforma judicial
La preocupación por los derechos laborales en el ámbito judicial no es exclusiva de San Luis Potosí. A nivel federal, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal A.C., junto con la organización Justicia Independiente, han lanzado una encuesta para recopilar datos sobre la situación laboral de los trabajadores con plazas a disposición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Esta iniciativa surge después de una reunión con la consejera Magistrada Lilia Mónica López Benítez, en la que se discutieron posibles soluciones ante la inminente implementación de la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 26 de junio, empleados del Poder Judicial de la Federación realizaron un paro de 24 horas y cerraron 17 tribunales laborales en protesta por la reforma, la cual consideran una amenaza directa a sus derechos laborales.
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Juan Alberto Prado, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial (SNRPJ), advirtió que la reforma podría afectar plazas sindicalizadas, reducir salarios y eliminar la Comisión de Conflictos Laborales, dejando a más de 54,000 trabajadores sin protección adecuada para defender sus derechos.
En respuesta a estas preocupaciones, en julio se llevaron a cabo los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, donde se discutió la necesidad de proteger los derechos laborales de los operadores del sistema de justicia.
Alma Ruby Villarreal Reyes, jueza de Distrito adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, destacó la importancia de establecer un modelo laboral que no solo responda a las expectativas ciudadanas, sino que también garantice la estabilidad laboral de los trabajadores judiciales.
El impacto de la reforma ha generado manifestaciones en diversas partes del país.
El 15 de julio, en San Luis Potosí, ex militantes del PAN y miembros de la sociedad civil se unieron para protestar en contra de la reforma durante una asamblea informativa organizada por MORENA, advirtiendo que podría facilitar la entrada de personas inexpertas y con intereses ajenos al sistema judicial, lo que representaría un retroceso en términos democráticos y de justicia.
Este contexto de incertidumbre y malestar tanto a nivel estatal como federal subraya la importancia de que las autoridades tomen medidas concretas para atender las demandas de los trabajadores judiciales y garantizar la estabilidad del sistema de justicia en México.
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