En un acto de protesta, las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano anunciaron que no asistirán a la sesión del Congreso programadas para este viernes, donde se busca validar la reforma judicial.
La oposición denunció un proceso viciado por presiones, amenazas y violencia, que no solo afectaron a sus legisladores, sino también a estudiantes y trabajadores del Poder Judicial que se manifestaron pacíficamente.
Guadalupe Murguía, coordinadora del PAN en el Senado, y Noemí Luna Ayala, líder del PAN en la Cámara de Diputados, declararon que sus grupos parlamentarios se abstendrán de participar en una reforma que calificaron de “ilegítima y plagada de deficiencias”.
Luna Ayala acusó a Morena y sus aliados, el PVEM y el PT, de haber aprobado la reforma en violación de cuatro suspensiones judiciales.
Oposición rechaza acudir a sesión del Congreso
Por su parte, Alejandro Moreno, presidente del PRI, y los coordinadores Rubén Moreira y Manuel Añorve, afirmaron que sus bancadas también se ausentarán, señalando violaciones al proceso legislativo y denunciando el uso de la violencia como método de presión.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, reafirmó esta postura y criticó la sesión del viernes, calificándola como “la fiesta del régimen” y “un atraco a la nación”.
Añadió que esta reforma parecía ser un regalo para el presidente, lo cual consideró reprobable, enfatizando que los legisladores deben servir al pueblo, no al Ejecutivo.
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A pesar de la ausencia anunciada por la oposición, el Senado, bajo la presidencia de Gerardo Fernández Noroña, ha convocado a sesión plenaria para el viernes 13 de septiembre a las 14 horas.
El objetivo es emitir la declaratoria de constitucionalidad de la reforma judicial, tras su aprobación en más de 17 congresos estatales, un paso necesario para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su eventual entrada en vigor.
El futuro de las leyes secundarias necesarias para implementar la reforma judicial aún está en el aire, ya que la Cámara de Diputados no ha iniciado los trabajos legislativos correspondientes.
Sin embargo, el proceso sigue adelante, con el Senado como cámara revisora, encargada de computar la aprobación de la minuta por parte de las legislaturas locales.
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