México es el país que más solicitudes ha recibido del Comité de la ONU Contra la Desaparición Forzada, pero niega rotundamente que el Estado esté detrás de estos crímenes.
México encabeza el listado global de solicitudes emitidas por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU.
El país acumula cientos de casos abiertos, pero el Gobierno federal respondió con firmeza: rechaza que las desapariciones sean parte de una política de Estado.
ONU acusa desaparición forzada en México; SEGOB se ofende
La Segob acusa a la ONU de hacer afirmaciones sin sustento y promete mantener la cooperación, pero sin aceptar señalamientos que, asegura, “no reflejan la realidad nacional”.
“México mantiene una cooperación sostenida con el Comité Contra la Desaparición Forzada en su calidad de Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas”, afirmó Segob.
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Al finalizar el 28º Periodo de Sesiones, el Comité informó que enviará una solicitud formal a México, con base en el artículo 34 de la Convención.
Esto forma parte del procedimiento iniciado en 2014, dentro del marco de colaboración entre ambas partes.
Aunque el Comité abrió un proceso para examinar la situación de las desapariciones en el país, el Gobierno aclaró que analizará el documento cuando lo reciba y compartirá las acciones y programas que ya están en marcha para enfrentar este fenómeno.
México insiste: no se ordenan desapariciones desde el Estado
La Secretaría de Gobernación enfatizó que el Estado mexicano “no consiente, permite ni ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”.
Además, subrayó el compromiso nacional con los derechos humanos y la búsqueda de soluciones a las causas estructurales de la violencia.
En esta línea, la administración de Claudia Sheinbaum ha reiterado su promesa de combatir frontalmente este flagelo y, según Segob, ya hay acciones concretas en marcha para atenderlo.
México seguirá atendiendo cada solicitud del Comité, mediante acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes periódicos, para garantizar que el organismo internacional cuente con información precisa y actualizada.
La respuesta del Gobierno también fue comunicada oficialmente a la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y al Comité de la ONU, a través de una nota diplomática.