La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha expresado su profunda preocupación por la reciente reforma aprobada en la Cámara de Diputados sobre la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), calificándola de “perjudicial y regresiva”.
A través de su cuenta en X, la ONU-DH advirtió que esta reforma podría tener implicaciones graves en el sistema judicial mexicano, subrayando que “detener de forma automática a las personas viola Derechos Humanos y desincentiva las capacidades para investigar delitos”.
Prisión preventiva y su impacto en derechos humanos
La organización internacional también señaló que la medida incumple sentencias y recomendaciones internacionales, además de atentar contra la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la integridad personal.
Según la ONU-DH, la reforma va en contra de principios fundamentales como la independencia judicial, la persecución eficaz de delitos y la igualdad ante la ley.
El 13 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó, con 335 votos a favor, una reforma que amplía los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, como feminicidio, extorsión, robo de hidrocarburos y corrupción, entre otros.
La reforma ahora se encuentra en manos del Senado para su análisis y ratificación.
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En su publicación, la ONU-DH enfatizó que esta reforma “endurece y expande una medida que debería eliminarse”.
Además, advirtió que la detención automática anticipa indebidamente un castigo y constituye una detención arbitraria que afecta principalmente a las personas más vulnerables.
La reforma a la PPO ha sido un tema de debate intenso en el Congreso, y ha generado una serie de reacciones tanto dentro como fuera del ámbito político.
El senador Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del grupo parlamentario de Morena, presentó reservas al dictamen.
Señalando la necesidad de excluir algunos delitos, como el narcomenudeo y la defraudación fiscal, de la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Monreal justificó su postura destacando que estas conductas deberían ser tratadas desde un enfoque social y no necesariamente a través de la prisión preventiva.
La discusión sobre esta reforma refleja la tensión entre la necesidad de garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Un tema que continúa generando debate en la sociedad y en las instancias legislativas de México.
