El pleno del Senado de la República de México votó de manera unánime a favor de una importante reforma al Código Penal Federal que busca frenar la difusión de imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia.
La reforma establece penas de hasta 18 años de prisión para:
- Funcionarios públicos
- Periodistas
- Youtubers
- Personas
- Representantes de medios de comunicación
- Que graben, difundan o distribuyan este tipo de material gráfico.
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No más difusión de contenido inapropiado de víctimas
La práctica de compartir imágenes y videos de víctimas de feminicidios se ha vuelto lamentablemente común en México
Donde funcionarios de fiscalías locales han filtrado este material a algunos medios de comunicación, quienes lo han publicado de manera irresponsable.
Esta reforma busca poner un alto a esta violación a la dignidad de las víctimas y garantizar su seguridad, intimidad y bienestar físico y psicológico.
Olga Sánchez presentó la reforma
Es así que, la senadora por el partido Morena, Olga Sánchez Cordero, quien presentó la reforma en el Senado, argumentó que:
“Esta enmienda al artículo 225 del Código Penal Federal tiene como objetivo sancionar a quienes divulguen información que esté contenida en una carpeta de investigación o en un proceso penal que por disposición legal sea reservada o confidencial”
Además, se prevé un endurecimiento de las penas cuando las víctimas sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o cuando la información esté relacionada con cadáveres.
La reforma, que ahora será enviada a la Cámara de Diputados para su revisión y posible aprobación, establece que:
“Cualquier servidor público que divulgue información confidencial enfrentará una pena de prisión de seis a diez años y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización”
Esto, cuando las víctimas u ofendidos sean menores de edad, mujeres o cuando la información involucre cadáveres, la pena se incrementará en una mitad más.
Es así que, este importante paso legislativo refuerza el compromiso de México en la protección de los derechos y la dignidad de las víctimas de violencia
Asegurando que su sufrimiento no sea explotado o sensacionalizado en los medios de comunicación
Además de estar garantizando que la justicia penal se lleve a cabo de manera respetuosa y en apego a los principios legales y éticos.