A pesar de la instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de transferir más de seis mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) a la Tesorería de la Federación, Nacional Financiera (Nafin) se ha negado a realizar la entrega.
Nacional Financiera retiene dinero
Este bloqueo se basa en las suspensiones otorgadas contra la controvertida reforma judicial promovida por el gobierno y avalada por su mayoría legislativa.
En diciembre, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, ordenó el traslado de los recursos, en cumplimiento con el artículo décimo transitorio de la reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, Nafin reportó que dichas suspensiones judiciales impiden cumplir con la entrega.
Los fideicomisos en disputa
Según el reporte trimestral más reciente, los fideicomisos del PJF contenían 7,177 millones de pesos al 30 de septiembre.
Banobras, el banco gubernamental encargado de financiar infraestructura, transfirió 853 millones correspondientes al Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica).
En cambio, Nafin mantiene retenidos 6,430 millones, destinados a cubrir pensiones complementarias, prestaciones médicas y otros beneficios de los trabajadores del PJF.
El decreto que estableció la reforma judicial señala que estos recursos debían transferirse a la Tesorería antes del 15 de diciembre de 2024. La Secretaría de Hacienda determinó que los fondos serían utilizados para implementar la reforma y otras necesidades del Ejecutivo.
Suspensiones y acusaciones de desacato
La SCJN ha enfrentado resistencia del gobierno para respetar las suspensiones emitidas contra la reforma judicial.
La jueza Juana Fuentes, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), denunció que funcionarios públicos, incluyendo integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), han sido multados por ignorar estas resoluciones.
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El conflicto no solo involucra la entrega de recursos. La reforma también propone que jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular, una medida que la Jufed considera inconstitucional.
En septiembre, la jueza Martha Eugenia Magaña López otorgó suspensiones definitivas que frenaban la discusión de la reforma en el Congreso. Sin embargo, tanto el Legislativo como el Ejecutivo continuaron el proceso, en lo que muchos califican como desacato.
Reacciones encontradas
La controversia escaló cuando la consejera jurídica Ernestina Godoy y la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusaron a la SCJN de violar la ley al respaldar las suspensiones. Sheinbaum aseguró que “los primeros que están violando las leyes son los jueces”.
Por su parte, los trabajadores del PJF han señalado que los recursos retenidos en los fideicomisos provienen de aportaciones hechas por ellos mismos, lo que ha generado mayor descontento. Al grito de “matanga dijo la changa”, funcionarios han criticado la falta de transparencia de Hacienda y Nafin, acusándolos de actuar bajo criterios políticos.
El futuro de los recursos con Nacional Financiera
El caso de los fideicomisos del PJF representa una pugna entre los poderes Ejecutivo y Judicial, enmarcada en la reforma más polémica de los últimos años.
Mientras las suspensiones siguen sin ser respetadas en su totalidad, el destino de más de seis mil millones de pesos permanece en el aire, aumentando la incertidumbre sobre el impacto real de la reforma en el sistema judicial mexicano.