El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, otorgó este viernes suspensión al plan electoral B del mandatario presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Al obtener la suspensión de una de las acciones de Controversia Constitucional que interpuso contra el Plan “B”, el INE logró invalidar los cambios a cuatro leyes electorales.
Según un comunicado del Poder Judicial, el ministro reconoció la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra las reformas electorales.
Esto permitió que las cosas continuaran de la misma manera que antes de que entrara en vigor la reforma al otorgar la suspensión.
“Dicha suspensión fue otorgada debido a que el decreto no sólo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”, informó la SCJN en su comunicado.
El ministro Laynez solicitó tanto al Congreso de la Unión como al Ejecutivo federal que presenten su contestación dentro del plazo legal.
Además, argumentó, en este caso hay posibles violaciones a los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Con esta suspensión indefinida al “Plan B”, el Instituto Nacional Electoral podrá seguir operando como lo hacia antes de la reforma impulsada por el Presidente
La suspensión regirá durante el tiempo que tome a la Corte tramitar la controversia para resolver sobre la constitucionalidad de la reforma. El Presidente y el Congreso pueden impugnar la suspensión ante una de las Salas de la Corte.
Impuganciones contra el Plan B
El pasado 19 de marzo se informó que el Ministro Alberto Pérez Dayán había admitido 81 impugnaciones contra la primera parte del denominado Plan B de la Reforma Electoral.
La primera parte incluye cambios en la Ley General de Comunicación Social y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y ha generado controversia entre partidos políticos, gobiernos estatales y municipios de oposición.
En total, se habían presentado 170 impugnaciones contra el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre, incluyendo seis acciones de inconstitucionalidad y 74 controversias constitucionales.
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