El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, presentó un proyecto de resolución que propone invalidación parcial de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta propuesta plantea la eliminación de la elección por voto popular de jueces y magistrados, aunque mantiene la elección de ministros de la Corte y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Invalidación parcial de la reforma judicial
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La reforma judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), incluye varias modificaciones para renovar los poderes judiciales federales y locales, buscando fortalecer su legitimidad democrática.
Entre sus disposiciones más destacadas está la elección popular de jueces, la creación de un sistema más riguroso para la administración y disciplina en el Poder Judicial, y otras medidas en torno a la austeridad y las remuneraciones de los funcionarios judiciales.
El proyecto de González Alcántara responde a múltiples demandas de inconstitucionalidad presentadas por diversos partidos políticos, tanto nacionales como locales, y la minoría parlamentaria de un estado.
Estos grupos han cuestionado que la reforma afecte la independencia judicial y la división de poderes.
Argumentos del Ministro
En el documento, González Alcántara argumenta que la elección popular de jueces y magistrados podría comprometer la autonomía judicial.
Sostiene que esta medida es incompatible con un sistema democrático que garantice la independencia del Poder Judicial y respete la separación de poderes.
En este sentido, el ministro propone que la elección de magistrados de circuito y jueces de distrito se realice conforme al artículo 96 de la Constitución, evitando cambios en su adscripción a menos que el Tribunal de Disciplina Judicial lo considere necesario.
Asimismo, González Alcántara cuestionó la creación de Comités de Evaluación encargados de seleccionar a los candidatos para jueces y magistrados, argumentando que este sistema de nominación y listas no cumple con los estándares democráticos mínimos.
“La nominación de candidatos para la totalidad de los cargos judiciales es inconstitucional, pues no garantiza una división adecuada de poderes ni la independencia judicial”, declaró el ministro.
El proyecto de invalidación parcial de la reforma judicial será discutido en el pleno de la SCJN, en un momento en que la reforma ha generado protestas masivas por parte de trabajadores del sector judicial, quienes consideran que esta afecta directamente sus derechos laborales y su independencia.
La propuesta de González Alcántara abre un debate sobre la viabilidad de introducir una elección popular en el Poder Judicial mexicano, resaltando las tensiones entre la búsqueda de legitimidad democrática y la necesidad de mantener la autonomía judicial en el país.
La SCJN, al analizar y resolver esta propuesta, determinará el alcance final de la reforma judicial y su impacto en el sistema de justicia mexicano.