La reciente reforma a la Constitución de la Ciudad de México, publicada el 1 de septiembre por el gobierno capitalino, ha generado un intenso debate sobre el futuro de la propiedad privada en la capital del país.
Este decreto, impulsado por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, modifica el artículo tercero de la Constitución local para alinear el principio de propiedad privada con el artículo 27 de la Constitución federal, estableciendo nuevas bases para el desarrollo y la protección de los bienes en la ciudad.
En una declaración pública, Batres destacó que la reforma no solo protege la propiedad privada, sino también la propiedad pública y social, en consonancia con los valores de la Cuarta Transformación.
Según el Jefe de Gobierno, esta medida es crucial para evitar que el Poder Judicial local interprete las normas constitucionales en beneficio de los grupos económicos más poderosos, desafiando así el andamiaje del neoliberalismo que, según él, ha predominado en las últimas décadas.
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“Quedan establecidas las bases para un desarrollo justo, armónico, con acento social, que reconozca la supremacía de lo público sobre cualquier interés particular en la Ciudad de México”, afirmó Batres.
La reforma busca garantizar que los principios establecidos en el artículo 27 de la Constitución federal sean el marco rector para la regulación de la propiedad en la capital.
El Jefe de Gobierno también citó un estudio del actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Pablo Gómez, publicado en la revista Memoria.
Gómez ha criticado las contradicciones en la Constitución de la Ciudad de México, señalando la necesidad de ajustes para fortalecer la claridad y la coherencia en la legislación sobre propiedad.
La reforma ha sido recibida con opiniones divididas. Algunos analistas la ven como un paso necesario para consolidar un enfoque más equitativo en la gestión de bienes y propiedades, mientras que otros temen que pueda generar incertidumbre legal y complicaciones adicionales en el ámbito jurídico.
A medida que la implementación de esta reforma avanza, será crucial observar cómo influye en las prácticas legales y económicas en la Ciudad de México, y si logra equilibrar efectivamente los intereses públicos y privados en el contexto de la Cuarta Transformación.
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