En una histórica sesión, el Congreso de la Ciudad de México elevó a rango constitucional la Ley 3 de 3 contra la violencia, reforzando así las medidas para prevenir y erradicar la violencia de género en el ámbito político y público.

La reforma, respaldada por los legisladores locales, añadió el numeral 11 al artículo 10, apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México

Estableciendo de manera contundente que ninguna persona con sentencia firme por delitos que atenten contra:

La vida
La integridad corporal
La libertad y seguridad sexuales
Violencia familiar
Violencia política de género
Inscrita en el registro de deudores alimentarios morosos

Podrá ocupar un cargo de elección popular o desempeñar un empleo público.

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Modificación Constitucional

Asimismo, se modificó el artículo 27 para incorporar un párrafo que insta a los partidos políticos a implementar mecanismos que garanticen la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política de género en sus procedimientos internos.

Una de las disposiciones más destacadas de la Ley 3 de 3 contra la violencia es la prohibición de utilizar estereotipos de género en la propaganda política.

Junto con el requisito de elegibilidad que impide a quienes hayan sido sancionados por violencia política de género participar en procesos electorales, según lo establecido en la ley electoral.

La Ley 3 de 3 contra la violencia encuentra sus raíces en la propuesta de Las Constituyentes Feministas.

Una organización política que, tras lograr la instauración de estos lineamientos como requisito para cargos de elección popular a nivel federal, trabajó en conjunto con Yndira Sandoval y la abogada Patricia Olamendi para desarrollar un documento más completo.

La iniciativa, inicialmente aprobada en Yucatán, sirvió como base para la legislación ahora constitucionalizada en la Ciudad de México

Marcando un hito en la lucha contra la violencia de género en el ámbito político y consolidando el compromiso del Congreso local con la igualdad y la erradicación de prácticas que perpetúan la violencia de género.

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