Tras una solicitud de transparencia, se ha revelado un notable cuestionamiento sobre la gestión de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama. Según datos obtenidos, hasta el momento, ninguna de las 40 acciones de inconstitucionalidad asignadas a su ponencia ha sido resuelta.
Este descubrimiento ha generado críticas y discusiones sobre la eficiencia y el manejo de casos en la máxima instancia judicial del país.
En respuesta a estos señalamientos, la Secretaría General de Acuerdos (SGA) ha explicado que las acciones se encuentran en proceso de instrucción, cumpliendo con los plazos establecidos por la ley.
Lenia Batres tiene pendientes 40 acciones de inconstitucionalidad
Según lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se han entregado proyectos de resolución a la SGA debido a la fase de tramitación en que se encuentran las mencionadas acciones.
Además de este debate, Lenia Batres ha destacado recientemente en el diálogo “Retos de la Reforma al Sistema Judicial Federal”, donde abordó las deficiencias del sistema judicial mexicano.
Calificó la justicia como “cara, elitista y desgastante”, lamentando su lentitud y falta de accesibilidad para la mayoría de la población.
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En este contexto, enfatizó la necesidad urgente de una reforma integral que aborde estos problemas estructurales y promueva una administración de justicia más eficiente y equitativa.
En apoyo a sus puntos de vista, Batres propuso medidas concretas, como la comparecencia de jueces y magistrados ante el Congreso para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y mejorar la transparencia en el sistema judicial.
Esta propuesta ha generado tanto apoyo como críticas entre diversos sectores políticos y sociales, marcando un punto crucial en el debate sobre el futuro de la justicia en México.
Por otro lado, Waldo Fernández, senador electo por Nuevo León, destacó en sus redes sociales que Batres considera esta reforma como la más trascendental en los últimos 12 años, subrayando su importancia y el potencial impacto en el sistema judicial del país.
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