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Layda Sansores en el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género

Layda Elena Sansores San Román, actual gobernadora de Campeche

Layda Elena Sansores San Román, actual gobernadora de Campeche

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó hoy que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, deberá ser inscrita en el Registro de Sujetos Sancionados por Violencia Política de Género (VPG) debido a sus acciones realizadas durante su programa “Martes de Jaguar” en mayo de este año.

La decisión se tomó tras una queja presentada por un grupo de legisladoras, quienes alegaron que las expresiones de Sansores contra un grupo de diputadas del PRI excedieron la libre expresión y constituyeron violencia política de género.

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Layda incurrio en varios tipos de violencia

La Sala Superior del TEPJF ordenó a la Sala Especializada revisar la temporalidad de la inscripción en el Registro de VPG, ya que anteriormente se había establecido que debería ser por un período de cuatro años y seis meses.

La Sala Superior consideró que la Sala Especializada no evaluó adecuadamente aspectos cruciales, como el contexto en que ocurrieron las acciones, el tipo de violencia, la sistematicidad, el grado de afectación y la intencionalidad de la conducta infractora.

El magistrado ponente, Luis Espíndola, detalló que Layda Sansores incurrió en violencia verbal, digital, psicológica y sexual contra las diputadas del PRI.

Además de considerarse una infracción, estas acciones constituyen una afectación a los derechos de las mujeres involucradas.

Layda deberá tomar curso en materia de violencia de género

Como resultado de la resolución, Layda Sansores San Román deberá tomar un curso en materia de violencia de género contra las mujeres

De cara al proceso federal de 2024, con el objetivo de evitar la reproducción de estas infracciones.

La inscripción de la gobernadora de Campeche en el Registro de VPG es un paso importante hacia la erradicación de la violencia política de género

Además de un recordatorio de la responsabilidad que tienen las figuras públicas en el respeto y protección de los derechos de todas las personas, independientemente de su género.

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