La reforma de “embargo de nómina”, impulsada por Pedro Haces, habría permitido el embargo de salarios de los trabajadores para cobrar créditos de nómina, beneficiando a su hija y allegados políticos.
La polémica reforma de “embargo de nómina”, promovida por el diputado Pedro Haces desde el Congreso, desató un escándalo que involucra a su familia y a varios políticos aliados.
Esta reforma pretendía otorgar poder a las instituciones financieras para embargar directamente los salarios de los trabajadores en caso de impago de créditos de nómina, una medida que pondría en riesgo los derechos laborales de miles de mexicanos.
A través de su empresa familiar, Inmediprest, Haces buscaba beneficiar a su círculo cercano, mientras sus acciones legislativas encendieron las alarmas sobre posibles conflictos de interés y corrupción.
El negocio familiar detrás de la reforma
Inmediprest, sociedad financiera con fuertes lazos con Haces, está dirigida por allegados del diputado, incluyendo a su hija Martha Alejandra Haces Lago, quien ocupa un cargo en la empresa.
También participan en el negocio políticos de Fuerza por México, como Jesús Enrique Cuellar Guzmán, ex candidato a diputado y socio de los hijos de Haces en otras empresas.
Esta empresa ha firmado convenios con varios gobiernos estatales y municipios, como los de Coahuila y Yucatán, para ofrecer créditos de nómina.
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El controvertido “embargo de nómina”
La reforma promovida por Haces pretendía que las entidades crediticias pudieran descontar directamente de los salarios de los trabajadores, asegurando el pago de sus créditos.
Aunque la iniciativa fue rechazada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y frenada en el Senado, varias instituciones continúan operando bajo esquemas similares, condicionando los préstamos a la firma de autorizaciones de descuento directo.
¿Un negocio de familia protegido por la política?
El escándalo estalló cuando se reveló que varios de los involucrados en la financiera Inmediprest tenían lazos directos con el entorno político de Haces.
A pesar de las críticas y el rechazo de la reforma, la práctica de embargar salarios para asegurar el pago de créditos sigue siendo una realidad para muchos trabajadores.
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