El sexenio que está por concluir ha sido marcadamente diferente: para impulsar sus proyectos, programas o cambios legislativos, los morenistas y sus aliados, que mantienen el poder a nivel federal, se han respaldado en instrumentos que dan espacio a la ‘voz popular’.
Desde el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las grandes obras, cambios a la Constitución y la cancelación de proyectos han pasado por ‘votaciones’ ciudadanas, algunas bastante cuestionadas por ser organizadas directamente por el gobierno federal o Morena. A continuación, se presentan algunos casos destacados:
El dilema del aeropuerto
Del 25 al 28 de octubre de 2018, académicos y la Fundación Arturo Rosenblueth, financiada por legisladores de Morena, realizaron una consulta para decidir si continuar con las obras del aeropuerto en Texcoco, iniciado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, o construir una terminal aérea en la base militar de Santa Lucía.
La 4T y la voz popular
En este ejercicio participaron un millón 67 mil 859 personas, de las cuales el 69% votaron por Santa Lucía, mientras que el 29% prefirieron la obra de Texcoco. Esta consulta resultó en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y la creación del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA).
Los 10 programas prioritarios
Previo a asumir el cargo formalmente, aún como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador convocó a finales de 2018 a una Consulta Nacional Ciudadana para conocer la opinión de los ciudadanos sobre obras de infraestructura y programas sociales propuestos por el próximo gobierno federal.
Los mexicanos fueron consultados sobre proyectos prioritarios como el Tren Maya, el tren interoceánico entre Salina Cruz y los programas sociales para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de nivel medio superior.
La Guardia Nacional
La creación de la Guardia Nacional, cuestionada por la oposición para evitar la militarización del país, mostró cómo la 4T puede recurrir a otros mecanismos, como el Parlamento Abierto.
En febrero de 2019, el Senado de la República organizó una serie de Audiencias Públicas con el propósito de “enriquecer la reforma en materia de Guardia Nacional y tener una retroalimentación con los sectores interesados y la sociedad civil”.
Se convocó a instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, organismos especializados y a la ciudadanía en general a participar en el análisis y discusión de la minuta, resultando en la creación de este cuerpo de seguridad.
El Tren Maya
El 14 y 15 de diciembre de 2019, la Secretaría de Gobernación (Segob) organizó una consulta para preguntarle a la población de Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Chiapas y Yucatán si estaban de acuerdo con la construcción del Tren Maya.
Según se informó, participó el 70% de la población convocada, de la cual el 92.3% votó por el “sí”. Sin embargo, sólo el 3% de la población inscrita en el padrón electoral de los municipios donde se instalaron 268 mesas de consulta acudió a votar, lo que generó críticas.
El Interoceánico
En marzo de 2019, el gobierno de AMLO impulsó una consulta en Oaxaca y Veracruz para la obra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. A pesar de que la obra afectaría a ambos estados, sólo participaron 2 mil 734 personas.
Tras los expresidentes
En agosto de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) estuvo a cargo de una consulta popular para enjuiciar a expresidentes.
La pregunta planteada fue:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Los resultados generaron controversia, pues se emitieron 6.6 millones de votos, lo cual significó una participación del 7.11% de la Lista Nominal del Padrón Electoral, de los cuales el 97.72% eligió el “sí”. No obstante, no se alcanzó el 40% de participación necesario para que el resultado fuera vinculante.
El Poder Judicial
El 5 de febrero pasado, AMLO impulsó una reforma constitucional para cambiar el rumbo del Poder Judicial, con el objetivo declarado de depurarlo de la corrupción y opulencia.
La propuesta, que incluye que magistrados, jueces y ministros sean elegidos mediante voto popular, fue avalada por la mayoría absoluta de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, pero no alcanzó la mayoría calificada necesaria y quedó temporalmente en el congelador.
Se han respaldado en instrumentos que dan espacio a la voz popular.
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Ante esto, AMLO llamó a votar “todo Morena” y en las elecciones de junio pasado, la Cuarta Transformación logró más de dos terceras partes en el Senado y la Cámara de Diputados.
Este cambio generó incertidumbre, y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, respaldó la reforma, pero prometió realizar una encuesta ciudadana y, junto con legisladores afines, convocó a un Parlamento Abierto que arranca esta semana.
