La Jueza Federal Yadira Medina, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó un plazo de 24 horas a la SEP para cumplir con una orden judicial que exige la implementación de los nuevos libros de texto gratuitos.
Esto para el ciclo escolar 2023-2024 mediante consultas previas, acorde a los planes de estudio vigentes y en cumplimiento de todos los requisitos legales.
La medida se debe a que la SEP no cumplió con una resolución de suspensión definitiva que había sido emitida el 25 de mayo por el mismo juzgado, a favor de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
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Los libros de texto no se ajustan a los planes de estudio
La UNPF promovió un amparo con el fin de detener la impresión y distribución de los libros.
Argumentando que estos no se ajustaban adecuadamente a los planes y programas de estudio vigentes, y que el procedimiento de emisión no se había seguido correctamente.
La jueza Medina había ordenado previamente a la SEP verificar el cumplimiento de todos los procedimientos legales para la determinación de los planes de estudio.
Además de la publicación de los libros antes de continuar con la impresión del material, así como garantizar la intervención de los gobiernos locales y consultas con la sociedad.
Hasta el 29 de junio, la SEP no había demostrado que la impresión de los libros se realizara conforme a los planes y programas aprobados, y tampoco había asegurado un proceso participativo con la intervención de los gobiernos estatales y especialistas en educación para la selección de los libros de texto.
AMLO afirmó que los libros de texto no se almacenarían
En respuesta a la situación, la jueza tiene programada una audiencia constitucional para el 18 de agosto, en la cual se definirá si concede el amparo y se frena definitivamente la distribución de los libros.
A pesar de la controversia y los amparos en curso, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el pasado 28 de julio que no se detendrá la distribución de los libros de texto ni se almacenarán.
La situación ha generado preocupación entre docentes y padres de familia, quienes esperan una resolución definitiva para garantizar que el material educativo se ajuste adecuadamente a los planes de estudio y se cumplan con los requisitos legales establecidos.